
El Perú es ese país donde la realidad política supera cualquier ficción, pero ya no de forma creativa, sino patética. Lo ocurrido con el Gabinete de Denise Miralles es el síntoma final de una institucionalidad que dejó de ser seria para convertirse en un chiste que ya no da risa, da pena.

Todo empezó así. Un domingo por la noche, Palacio de Gobierno anunciaba a Hernando de Soto como el flamante premier de José María Balcázar. Horas después, el nombramiento se caía porque De Soto –en un rapto de pragmatismo o dignidad– no aceptó que le impusieran la lista de ministros. Entró entonces Miralles, exministra de Economía, quien con una honestidad brutal reconoció que le entregaron la lista ya armada. Ella solo revisó que los elegidos cumplieran con los requisitos formales.
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¿Qué confianza puede generar un Gabinete donde la capitana es la última en enterarse quiénes suben al barco? La pregunta es obvia: ¿Quién armó esa lista? ¿A qué intereses responden personajes que llegaron a carteras estratégicas sin pasar por el filtro de su propia jefa?
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Las costuras se rompieron pronto. Las renuncias casi simultáneas del ministro de Salud, Luis Quiroz, y del presidente de EsSalud, Segundo Acho, no son casualidades. Las miradas apuntan a que el sector Salud se ha convertido en la cuota de poder de Alianza para el Progreso (APP) y César Acuña. El resultado de este copamiento partidario, que viene desde la época de Dina Boluarte, es una crisis en el servicio de salud que se traduce en falta de medicinas esenciales como la insulina.
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Esta rotación frenética no es gratuita. Según el IPE, la inestabilidad política le ha restado al menos un punto porcentual de crecimiento al PBI anualmente. Cada cambio de ministro implica una parálisis de 90 días en la gestión pública; es decir, el Estado peruano vive en un eterno “volver a empezar” mientras la anemia sube y la infraestructura se cae. A nivel internacional, como advierten los especialistas, el Perú ha pasado de ser el “milagro económico” a ser el “paciente bajo observación”. La predictibilidad se está evaporando.
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El 18 de marzo, Miralles irá al Congreso. Y aquí viene lo absurdo: por más desconfianza que genere este Gabinete, negarle el voto sería un error histórico. A menos de un mes de las elecciones presidenciales, el país no aguanta otra crisis total.
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La clase política ha sido imperdonable. Ya fue una irresponsabilidad cambiar a José Jerí, pero forzar la caída de Miralles ahora sería una burla final. Sin embargo, la premier tiene una oportunidad de redención: no debe ceder a las presiones que buscan frenar la reorganización de Petroperú. La petrolera estatal no puede seguir siendo la caja chica de los políticos de turno mientras los peruanos pagamos el combustible más caro de la región.
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Tenemos aún una moneda fuerte y una inflación envidiable, pero nuestra política es un lastre que nos impide despegar. El Congreso dará la confianza, seguramente, pero no por convicción, sino por miedo al abismo que ellos mismos cavaron. Al final, nos queda un Gabinete que está ahí por descarte, en un país que merece mucho más que el “yo no fui” de sus autoridades.








