Cuenta la historia que mientras Roma ardía, Nerón tocaba la lira. Puede que el episodio sea más leyenda que hecho histórico, pero la metáfora ha sobrevivido dos mil años: gobernantes que celebran o miran a otro lado mientras las bases de la estabilidad se consumen lentamente. Algo parecido está ocurriendo hoy con nuestras finanzas públicas.
En apenas unos días, el Congreso ha aprobado medidas que comprometen cerca de S/ 7 mil millones de gasto permanente adicional cada año. La aprobación de beneficios laborales para trabajadores CAS implica alrededor de S/ 3,800 millones anuales, mientras que la reforma de pensiones para policías y militares bordea los S/ 3,500 millones al año. Estamos hablando de un incremento del gasto equivalente a casi 1% del PBI. Pero la historia no termina ahí. Se acaba de aprobar ayer también la pensión para el magisterio bajo un esquema similar, con un costo cercano a S/ 7 mil millones adicionales anuales. Así, el país habrá comprometido en cuestión de semanas cerca de S/ 15 mil millones de gasto permanente nuevo.
Es una cifra gigantesca que supera al presupuesto de varios programas sociales clave. Lo más preocupante, sin embargo, no es solo el monto. Es la estructura del gasto que se está creando. Esto porque, por ejemplo, las reformas pensionarias propuestas reproducen la lógica de la antigua cédula viva: las pensiones quedan vinculadas al salario de los trabajadores activos. En otras palabras, cuando sube el sueldo de los empleados en actividad, las pensiones también suben automáticamente.
Este mecanismo convierte cada aumento salarial presente en una obligación previsional futura. Y en un país que envejece y donde la esperanza de vida sigue aumentando, el gasto no solo se mantiene sino que crece año tras año. La experiencia internacional muestra que sistemas con indexaciones automáticas de este tipo son una de las principales fuentes de expansión descontrolada del gasto público en el largo plazo. Además, otros trabajadores que no tienen estos beneficios los reclamarán, sin duda.
El Consejo Fiscal ya advirtió que, si prosperan estas iniciativas y otras similares, la trayectoria de la deuda pública peruana podría cambiar radicalmente. En lugar de mantenerse cerca de 32% del PBI, podría acercarse a 70% del PBI en la próxima década. Y, para un país emergente como el Perú, ese salto no es menor.
Primero, porque el deterioro fiscal eleva el costo del financiamiento soberano. Los inversionistas exigen mayores tasas de interés cuando perciben que la deuda crece más rápido que la capacidad del Estado para pagarla. Ese mayor costo se traslada luego al resto de la economía: bancos, empresas y familias terminan pagando créditos más caros. Segundo, porque un Estado que absorbe cada vez más recursos financieros termina desplazando al sector privado. En la literatura económica esto se conoce como crowding out, donde el gobierno compite por el ahorro disponible y reduce el crédito que podría destinarse a inversión productiva. El resultado es menos inversión, menos innovación y, en consecuencia, menor crecimiento potencial.
Tercero, porque el deterioro fiscal puede terminar comprometiendo el grado de inversión del país. Esa categoría, que el Perú mantiene desde hace más de una década, es clave para atraer capital internacional a tasas razonables. Perderla implicaría un aumento significativo en el costo del financiamiento externo y una mayor volatilidad financiera. Cuarto, porque cuando el gasto rígido crece demasiado, el Estado empieza a recortar justamente lo que más necesita una economía para desarrollarse: inversión en infraestructura, educación, salud o seguridad. Es lo que los economistas llaman el efecto desplazamiento del gasto productivo. El presupuesto termina dominado por planillas, pensiones y transferencias que no generan capacidad productiva futura, con la consecuencia final de un menor crecimiento, menos empleo formal, más pobreza persistente y menor bienestar.
La historia latinoamericana ofrece demasiados ejemplos de cómo estas dinámicas terminan erosionando lentamente la estabilidad macroeconómica. Siendo esto así, ¿estamos condenados? ¿Existe alguna forma de frenar esta dinámica? En principio, sí. La Constitución es clara: el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Las decisiones que comprometen recursos públicos de manera permanente deben coordinarse previamente con el Poder Ejecutivo. Así, si el Legislativo aprueba medidas que generan gasto sin esa coordinación, el Ejecutivo tiene la posibilidad –y la responsabilidad– de acudir al Tribunal Constitucional. El problema, sin embargo, es que las herramientas institucionales sirven de poco si no existe voluntad política para utilizarlas. Y ahí aparece el verdadero dilema. Un Ejecutivo débil puede preferir evitar la confrontación con el Congreso, temiendo censuras, crisis políticas o mayor inestabilidad.
Pero la alternativa –no hacer nada– tiene un costo mucho mayor. Porque las crisis fiscales no aparecen de un día para otro. Se construyen lentamente, a través de decisiones aparentemente pequeñas que van acumulando obligaciones hasta que el sistema deja de ser sostenible. Mientras tanto, los congresistas celebran cada nuevo beneficio aprobado como si fuera un triunfo social. Dígame usted, estimado lector, si ve algún “padre de la patria” alzando la voz en contra de esta irresponsabilidad. Ninguno. Una vergüenza.
Todo esto recuerda, inevitablemente, la vieja imagen de Nerón. Mientras nuestra preciada estabilidad macroeconómica arde, alguien seguía tocando música.
David Tuesta es presidente del Consejo Privado de Competitividad.
