El domingo elegiremos a quienes dirigirán buena parte de los servicios que recibimos del Estado. Informémonos sobre los candidatos y sus partidos para hacer un voto responsable y que sea oportunidad para reflexionar sobre qué ha funcionado y qué no en el proceso de descentralización.
La presunción a favor de transferir responsabilidades a gobiernos regionales y locales es que los gobiernos más cercanos a la ciudadanía tomarán decisiones más informadas, más rápidas y más adecuadas en la gestión de los servicios; sin embargo, ello no necesariamente se da. Por lo tanto, la descentralización no debe ser un fin en sí mismo. El objetivo debe ser determinar qué arreglo institucional permite brindar un mejor servicio a los ciudadanos, en que la transferencia de recursos y capacidades a niveles subnacionales es una de las posibilidades.
Lamentablemente, la descentralización no se ha logrado traducir de manera general y sostenida en mejores servicios para los ciudadanos. (Foto: Andina)
La descentralización arrancó en el 2002 con la reforma de la Constitución y la aprobación de la Ley de Bases de la Descentralización. Entre el 2004 y el 2007, desde el Programa PRODES, advertimos dos debilidades del proceso que siguen siendo centrales: la ausencia de mecanismos de representación y fiscalización adecuados, así como un empleo público sin meritocracia que impide lograr un buen desempeño. En el 2007, ya constatábamos que “se había perdido de vista que el fin último del proceso de descentralización era la mejora de los servicios que el Estado presta a la ciudadanía”.
Lamentablemente, la descentralización no se ha logrado traducir de manera general y sostenida en mejores servicios para los ciudadanos. Sería injusto satanizar a los gobiernos regionales y locales por ello. Los mismos problemas se observan en el nivel nacional: ministerios capturados por el clientelismo, alta rotación de funcionarios, corrupción en las compras y contratación de obras, entre otros.
El problema de fondo es que siguen fallando la democracia representativa y el servicio civil, tanto en el nivel central como en el regional y el local. Si no hacemos correcciones en estos aspectos, no podremos lograr mejores servicios cuya calidad se sostenga en el tiempo. Se podrán lograr mejoras, pero estarán permanentemente amenazadas por malos funcionarios, reglas laborales que dificultan premiar el buen desempeño y corregir el malo, y políticos que impulsen medidas clientelistas. No voy a detenerme aquí en los aspectos a trabajar en estos frentes, pero he planteado varias acciones en columnas anteriores; por ejemplo, “Defendamos e impulsemos la democracia” y “Meritocracia es servicio público de calidad”.
Pero esas reformas tomarán tiempo y los ciudadanos necesitan mejores servicios ahora. Mientras avanzan, hay dos caminos que pueden impulsarse.
El primero es contratar a terceros para la gestión de servicios, en particular para nuevas unidades, en que no hay trabajadores públicos defendiendo el statu quo. Dadas las debilidades antes señaladas para la gestión desde el Estado, que concentre sus capacidades en contratar más que en gestionar. Además, con esquemas difíciles de desmontar y con plazos suficientes para que la mejora en la calidad de los servicios haga que sean los propios ciudadanos quienes luego defiendan la forma de operarlos. Así, por ejemplo, toda nueva escuela y hospital debería nacer con un esquema de gestión distinto, en que prime la atención de los ciudadanos y la meritocracia.
El segundo está en manos de las autoridades regionales y locales. Desde el 2008 existe el Decreto Legislativo N° 1026, que creó un régimen facultativo para que los gobiernos regionales y locales emprendan procesos de modernización. Este permite reorganizar la entidad, adecuar plazas y mejorar las remuneraciones de puestos clave. Volvamos a mirar esta herramienta.
La discusión, entonces, no debe reducirse a defender al centro o a las regiones. Avancemos en las reformas estructurales mencionadas, y también en tercerizar donde se pueda y en optimizar la gestión regional y local, siempre pensando en los ciudadanos, que deben ser el norte de la descentralización.
Elena Conterno es especialista en políticas públicas.
