Con mucha preocupación e indignación tenemos que decir que hemos ido “normalizando” situaciones que nunca debieron ni deben producirse. Lo peor de todo es que se trata de acciones y/u omisiones graves que vienen de quienes, por su condición de altas autoridades o de altos funcionarios de organismos autónomos, deben marcar importantes precedentes que sirvan para empezar la difícil tarea de reinstitucionalizar el país y volver a formalizar lo que, lamentablemente, parece haber caído en la informalidad en los más altos niveles.
Durante los últimos procesos electorales, nacionales o subnacionales, hemos llegado a la última semana con la noticia de que los jurados electorales seguían evaluando la posible participación de varias candidaturas. Con las cédulas ya impresas, cabía la posibilidad de retirar de las contiendas a cualquier aspirante.
Aún así, y con todos los “controles” que se supone se hacían hasta el último día, nos enterábamos que muchas candidaturas habían pasado los supuestos filtros a pesar de tener un rosario de “inconvenientes” por decir lo menos, y de haber infringido, como querían, las normas electorales.}
Así llegamos a los dos últimos procesos electorales en donde ya no se trató solo de una mala evaluación de candidaturas, o de pasar por alto la entrega de dádivas o las faltas electorales, sino de denuncias de irregularidades reales y graves, que varios aprovecharon para denunciar fraudes.}
En medio del escándalo público, se hicieron todo tipo de promesas de rectificaciones y reestructuraciones, pero todo fue una farsa.
En poco más de una semana vamos a asistir a un proceso electoral municipal y regional, que es, a todas luces, una burla. Unas elecciones en las que muchos candidatos y candidatas están actuando ilegalmente, de manera pública y hasta desafiante, a vista y paciencia de quienes deberían ser los fieles guardianes del fiel cumplimiento de las normas electorales y, más grave aún, de las disposiciones constitucionales.
En este proceso electoral todo el Perú sabe que más de un centenar de candidaturas no deberían haber sido admitidas por el Jurado Nacional de Elecciones. Todo el Perú sabe que esas candidaturas conocen perfectamente que le están sacando la vuelta a la ley. Todo el Perú sabe que se trata de reelecciones descaradas que no se les puede llamar encubiertas porque se inscriben, se promueven, se lanzan y se publicitan como lo que son, reelecciones.
Todo el Perú sabe de qué se trata, pero el Jurado Nacional de Elecciones ha preferido mirar al techo, aún cuando por todos los medios posibles se le ha preguntado, interrogado, increpado, y hasta acusado, de no querer tomar una decisión que marque un verdadero precedente, y que acabe con una ilegalidad manifiesta que solo el Presidente del JNE no quiere ver, y no sabemos porqué razones y motivos.
Es indignante que tengamos autoridades que tengan miedo de cumplir y hacer cumplir lo que manda la Constitución, y que estén “normalizando” la ilegalidad y el fraude a la ley, como lo han definido varios constitucionalistas.
Más allá de los nombres y de las candidaturas, se trata de asistir a un proceso electoral limpio y sin mancha.
No puede ser que hasta el día de hoy, estando a poco más de una semana de las elecciones, el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones diga que todavía no saben cómo actuarán al día siguiente de las elecciones, y que no saben a quién reconocerán como autoridad local.
Los ciudadanos van así a unas elecciones en las que no saben finalmente quien será su alcalde o alcaldesa, en aquellos lugares en donde abiertamente se ha burlado la ley. Si el JNE reconoce como nueva autoridad local a quien le sacó la vuelta a la ley, está convalidando un fraude; y si no lo reconoce, estará burlándose de aquellos electores que votaron por esa candidatura, con la venia del JNE que no supo o no quiso excluirla a tiempo, dejando que compitiera con el manto protector del JNE.
Una cosa no menos grave pasa en el Congreso. Una Presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, perteneciente a un partido que se la pasó criticando las prácticas del “pacto mafioso” del anterior Congreso, decide, por sí y ante sí, incumplir los plazos legales (el reglamento del Congreso es ley) y no presenta el informa final (cualquiera sea el sentido) sobre la delegación de facultades.
Quienes se mostraban como los enemigos del autoritarismo y de las malas prácticas, recurren precisamente a muy malas prácticas para dilatar una decisión. Incumplir los plazos y burlarse así de la ley por pura intención obstruccionista (y esta sí la es) no es otra cosa que una pésima práctica y una burla al país.
Pero esta decisión arbitraria de Juntos por el Perú es solo una parte. Ellos por si solos no tienen los votos suficientes para bloquear la marcha de los procesos. Por eso cabe aquí la pregunta, ¿Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras están de acuerdo con esta situación?, ¿apoyan también este incumplimiento de los plazos y esta intención de dilatar las decisiones? Harían bien en tomar una posición para que el país sepa de qué lado están.
Enrique Castillo es Periodista
