El Ministerio de Energía y Minas ha transitado, en los últimos dos años, por una sucesión de perfiles técnicos marcados por controversias políticas. Óscar Vera llegó con una visión estatista marcada por su paso por Petroperú y con la nueva Refinería de Talara a cuestas, en medio de cuestionamientos por la situación financiera de la petrolera estatal. Rómulo Mucho, con fuerte trayectoria gremial minera, fue criticado por su cercanía al sector empresarial y otras controversias que llevaron a su censura. Jorge Luis Montero enfrentó tensiones internas y dudas sobre su perfil más político que técnico, además de su tibieza frente al Reinfo. Luis Bravo, proveniente del sector eléctrico, llegó en medio de debates cruciales sobre la gestión de Petroperú y la conducción sectorial.
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Ahora asume Ángelo Alfaro Lombardi, ingeniero electricista con más de cuatro décadas de experiencia, particularmente en empresas estatales de distribución. Su trayectoria es amplia, pero no está exenta de cuestionamiento: de acuerdo con El Comercio, durante su paso por Electro Oriente fue denunciado por presunto peculado en el 2008, antecedente que hoy reaparece en el debate público. Más allá de su experiencia, el mensaje político es claro: pese a la urgencia minera –paralización de proyectos, avance de la minería ilegal y necesidad de nuevas inversiones– el Ejecutivo vuelve a optar por un perfil proveniente del sector eléctrico.
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La agenda pendiente es demasiado delicada para pasar por alto lo urgente. El ministro deberá definir su posición frente a la reestructuración de Petroperú, hoy en proceso de reorganización bajo el D.U. 010-2025. Como explica Carlos Paredes en su columna (página 4), el inicio del año mostró avances en la reforma, pero la crisis política de febrero y el arribo del presidente interino José María Balcázar desencadenó un intento del directorio por frenar la transformación: remoción de la gerente general, cambios acelerados de gerentes y señales de resistencia interna. La continuidad de la reforma depende de que el Ejecutivo y la PCM encabezada ahora por Denisse Miralles no retroceda ni permita un nuevo rescate financiero encubierto.
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A ello se suma la pendiente Ley MAPE (clave para abordar la problemática de la minería informal y la amenaza de la de tipo ilegal), y el reglamento de la ley de energías renovables, necesaria para ordenar la transición energética. En sus primeros actos se verá si Alfaro decide priorizar la agenda corta, pero crucial que aquí mencionamos. La decisión sobre Petroperú será la primera prueba. Y también revelará si es que su actuar está empeñado a intereses políticos.
