Escribe: Jorge Picón Gonzales, abogado especialista en materia tributaria
Mi padre era una persona que creía en la sabiduría obvia de los dichos y, siguiendo su ejemplo, hoy citaré uno: “Lo único que se requiere para que el mal triunfe, es que los buenos hombres no hagan nada”. El poder embriaga y se hace absoluto en la mente de las autoridades, proclamando grandes fines abstractos para su país y un “gran bienestar” que nadie percibe ni discute, y que se superpone al interés individual, pudiendo llevar a todo tipo de abusos. Concentrémonos en el tema tributario.
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Las autoridades tributarias en el Perú proclaman la necesidad de aumentar la recaudación –con lo cual coincido–, pero en los últimos 20 años el claro fracaso de las estrategias y acciones de la Sunat ha llevado a que la informalidad y la ilegalidad (el oro ilegal ya superó el 4% del PBI nacional), hayan tomado por lo menos el 50% de la economía. Aún así, nadie quiere hablar del elefante en la habitación, y se concentran en controlar a los formales.
Del análisis de más de 25 resoluciones del TF (RTF) emitidas entre el 2023 y julio de 2025, relacionadas con la aplicación de la prorrata por el drawback, concluimos que la prorrata que propone Sunat y acepta el TF asciende al 24% de los gastos comunes (como promedio). (Foto: GEC)
La imagen es realmente complicada. Por un lado, tenemos un sector formal “hipercontrolado” y no me refiero solo a la Sunat, porque también está Sunafil, municipios, entre otros, que ejercen control con criterios inaplicables, imponiendo reparos y multas basados en interpretaciones no solo cuestionables, sino simplemente ilógicas.
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Por otro lado, el sector informal e ilegal, que no tiene RUC, que mueve decenas de camiones, no tiene planilla, dinero no bancarizado, contrabando y, empeorando cada día, le da la espalda a todas las normas. La lógica de cualquier persona coherente ante esta situación es que, para aumentar la recaudación, hay que combatir la ilegalidad e informalidad de forma inteligente, pero ciertamente sobrepresionar al sector formal no es una salida. A las autoridades les resulta mucho más simple que sentarse en una computadora y ver qué puede hacer con registros electrónicos y con las empresas que ponen su domicilio en zonas agradables de la ciudad.
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Uno de los casos más extremos de este control excesivo y de resultado absurdo es el desconocimiento de la realidad de los costos, personal, servicios, entre otros, con interpretaciones forzadas, criterios que no soportan un análisis lógico y un pregunta obvia, si no compré esto ¿cómo lo vendí, o construí, o presté el servicio por el que te pago tantos impuestos? Ya hemos comentado esto en diversas publicaciones, hoy quisiera extender el comentario a otro punto. La prorrata de los gastos.
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De acuerdo al principio de causalidad, para que un gasto sea deducible debe estar destinado a generar rentas gravadas. Si está destinado a generar rentas no gravadas, el gasto no es deducible. Pero está el caso en que la empresa puede generar rentas no gravadas (drawback y dividendos mayormente) y tiene un grupo de gastos comunes (destinados a generar rentas gravadas y no gravadas o, en todo caso, es difícil probar lo contrario).
Cuando estamos ante estos gastos comunes, el inciso p) del artículo 21° del Reglamento de la LIR, dispone la aplicación de una prorrata o factor, que permita establecer qué porcentaje de estos gastos comunes corresponde a las rentas no gravadas y, por lo tanto, repararlo. Este concepto tan simple, está siendo tergiversado por la Sunat y el Tribunal Fiscal (TF) de una forma preocupante.
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Del análisis de más de 25 resoluciones del TF (RTF) emitidas entre el 2023 y julio de 2025, relacionadas con la aplicación de la prorrata por el drawback, concluimos que la prorrata que propone Sunat y acepta el TF asciende al 24% de los gastos comunes (como promedio). Quienes saben que en años pasados el drawback era de 5% y hoy de 3%, se preguntarán ¿cómo es posible que este número lleve al reparo del 24% de los gastos comunes (que son casi todos, por supuesto)?; y la respuesta es simple: lógica y legalmente, ¡no es posible! Los resultados de estas RTF son aún más absurdos cuando nos damos cuenta que el gasto reparado iguala –e incluso supera– el total del drawback (renta no gravada) recibido.
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Aplicar las normas, o peor aún, su malentendida o tendenciosa interpretación, sin tener un sentido de lógica, razonabilidad y criterios básicos como los que estamos exponiendo, llevan al abuso y, una vez más, alegar que se hace por “el bien del país” o por ignorancia –que también es un motivo–, no es un argumento.
