
Escribe: Jose Martínez Sanguinetti, fundador de Sothys Capital
Al iniciar el 2026, el análisis de los fundamentos del Perú describe una oportunidad histórica. El país enfrenta un escenario externo extraordinario: los precios del cobre superan los US$ 5.30 la libra y el oro cotiza por encima de los US$ 4,200 la onza, niveles récord que impulsan los términos de intercambio. Como correlato, el sol muestra una apreciación cercana al 10% frente al dólar en el último año, consolidándose nuevamente como una de las divisas más sólidas de los mercados emergentes.
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Esta fortaleza externa se cimenta en una disciplina monetaria verificable. El Perú registra una inflación anualizada del 1.4%, que no solo cumple con el rango meta, sino que contrasta favorablemente con el promedio mundial y con las economías desarrolladas que aún luchan por la convergencia. Mantenemos un superávit en cuenta corriente, uno de los déficits fiscales más bajos del hemisferio y una deuda pública que apenas supera el 33% del PBI. Si consideramos la posición de cambio del BCR, el Perú es, en la práctica, un acreedor neto ante el mundo.

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El contexto geopolítico añade un vector estratégico. La atención de EE.UU. hacia el Perú se ha reactivado por la necesidad de cooperación en seguridad, sumándose a la gravitación de China, nuestro principal socio comercial. Regionalmente, el entorno se estabiliza: Ecuador, Argentina, Chile y Panamá han reafirmado su inclinación por la economía de mercado, mientras el debilitamiento del régimen venezolano sugiere un retorno a la sensatez política en Sudamérica.
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Sin embargo, para entender el drama nacional y la magnitud de la tarea pendiente, basta observar la dramática disparidad de nuestra posición en el mundo. Mientras el Perú se ubica consistentemente entre las 20 economías más estables del mundo, descendemos al puesto 68 en PBI per cápita, caemos al puesto 79 en Desarrollo Humano, nos hundimos hacia el puesto 105 en calidad del sistema educativo y tocamos fondo cerca del puesto 112 en independencia y calidad del sistema judicial (WJP).
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Esta escalera descendente demuestra que el Perú ha sido altamente eficiente generando estabilidad monetaria, pero profundamente ineficiente transformando esa estabilidad en riqueza y, finalmente, en bienestar y justicia. La disfuncionalidad de nuestro sistema político amenaza con perpetuar esto. A puertas de las elecciones del 2026, con 36 candidatos potenciales, la fragmentación anticipa una gobernabilidad muy compleja para el próximo lustro.
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Las cifras sociales confirman la urgencia. Mantenemos un 71% de informalidad y cerca del 30% de pobreza monetaria. El 43.1% de la niñez sufre de anemia y el 50% de los estudiantes no alcanza niveles mínimos de comprensión lectora. Asimismo, el 10% de la población carece de agua potable y un 22% no tiene acceso a internet.
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En la era de la IA y la automatización, la estabilidad macroeconómica y un modelo de crecimiento basado en la exportación de materias primas puede generar más desigualdad si no se corrigen las profundas fallas en los pilares de nuestra democracia (salud, educación y justicia).
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Las condiciones financieras iniciales no podrían ser más favorables; las institucionales son críticas. La tarea por realizar es clara: utilizar la bonanza para crear la necesaria fortaleza institucional que permita equilibrar la ecuación y evitar que esta próxima década brillante se convierta en otra oportunidad perdida.








