La interpelación al ministro de Comercio Exterior y Turismo por la demora en la entrada en vigencia del Acuerdo de Profundización Económico-Comercial entre Perú y Brasil puede abrir una discusión seria sobre política comercial, integridad y defensa del interés nacional. O puede derivar en presión para aprobar, sin candados, un acuerdo firmado en otro contexto. No se trata de un trámite menor, sino de reglas sobre inversiones, servicios, compras públicas, APP y controversias con el Estado.
Conviene desmontar una falacia: no es cierto que el comercio de bienes con Brasil esté bloqueado por la falta de vigencia de este acuerdo. Ese intercambio ya está cubierto por el ACE 58 entre Perú y Mercosur, vigente desde el 2006. Según la información oficial sobre ese acuerdo, las exportaciones peruanas ingresan a Brasil con arancel cero desde el 2012 y el comercio bilateral quedó totalmente liberado desde enero del 2019, salvo excepciones puntuales. No estamos, pues, ante una puerta cerrada, sino ante una segunda etapa más delicada: inversiones, servicios y contratación pública. Allí está el centro del debate.
El acuerdo del 2016 busca promover inversiones bilaterales, fortalecer el comercio de servicios y abrir oportunidades en adquisiciones públicas. Son objetivos valiosos. Brasil es el principal socio comercial del Perú en América Latina y un socio estratégico para la agroindustria, las manufacturas, los servicios y la integración logística. Pero, cuanto más ambicioso es el acuerdo, más exigentes deben ser sus salvaguardas. No se trata solo de vender más productos; se trata de definir quién puede contratar con el Estado y bajo qué estándares de integridad.
Desde el 2016, el contexto cambió. Lava Jato, Odebrecht y OAS no fueron notas al pie: afectaron la infraestructura, los arbitrajes, la confianza ciudadana, las finanzas públicas y la defensa jurídica del Estado peruano. Pretender que el acuerdo entre en vigencia tal como fue concebido antes de esa experiencia equivale a hacer política comercial con amnesia. Por eso, exigir un protocolo complementario con cláusulas específicas de anticorrupción e integridad no es un capricho del Mincetur ni una demora burocrática.
La propuesta remitida a Brasil en el 2024 fue una posición nacional consensuada con la Cancillería, el MEF y otros sectores. La lógica es elemental: si el acuerdo abre espacios en inversión y contratación pública, debe impedir que empresas involucradas en corrupción, colusión o fraude usen el tratado como escudo para acceder a contratos, APP u obras por impuestos, o para reforzar posiciones contra el Perú en arbitrajes. Hay, además, un precedente que el Congreso debería recordar. Cuando Perú y Estados Unidos firmaron su TLC, el Parlamento peruano ya lo había ratificado. Sin embargo, tras el cambio de mayoría en el Congreso estadounidense, ese país pidió modificaciones en los capítulos laboral y ambiental. El Perú las aceptó porque entendió que así protegía mejor sus intereses; me tocó a mi hacer esa gestión. Hoy ejerce el mismo derecho soberano: pedir que los capítulos de inversión y compras estatales del acuerdo con Brasil incorporen garantías modernas de integridad.
El argumento de que las cláusulas anticorrupción “retrasan” el acuerdo es débil. Más retrasan las obras judicializadas, los contratos capturados, los arbitrajes mal defendidos y los proyectos paralizados por corrupción. Más costoso que negociar bien es firmar mal. Los megaproyectos sin institucionalidad terminan siendo carísimos por sus sobrecostos, sus pasivos y el daño que causan a la confianza pública. Por eso preocupa que algunos congresistas conviertan este tema en una interpelación efectista. Fiscalizar es legítimo; presionar para bajar estándares, no.
El ministro debe explicar el estado del acuerdo, pero el Congreso también tendría que responder: ¿por qué aprobar sin un protocolo anticorrupción? ¿A quién beneficia una ratificación incompleta? ¿Por qué se omite que el comercio ya está liberalizado? El tema es aún más sensible en el tablero geoeconómico. Brasil busca una salida competitiva al Pacífico y a Asia; el Perú puede ser una plataforma logística regional si articula Chancay, Callao, Matarani, Yurimaguas y los corredores interoceánicos. Pero oportunidad no significa ingenuidad. La Amazonía peruana enfrenta minería ilegal, deforestación y crimen organizado transfronterizo. Cualquier tren o corredor bioceánico que atraviese territorio peruano debe discutirse con el Perú, no sobre el Perú, y evaluarse con criterios ambientales y sociales. Profundización económica con Brasil, sí, pero con reglas del siglo XXI. Integración, sí, pero sin rendijas para la corrupción. Corredores logísticos, sí, pero no a costa de la Amazonía ni de la soberanía regulatoria. El Perú necesita corredores de desarrollo, no corredores de impunidad. El acuerdo del 2016 debe entrar en vigor junto con un protocolo anticorrupción robusto. No se trata de trabar la relación, sino de protegerla de aquello que ya una vez la contaminó.
Mercedes Araoz es profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico.
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