La descentralización nació con una promesa ambiciosa: acercar el Estado a los ciudadanos y convertir a las regiones en motores de desarrollo. Más de veinte años después, es válido preguntarse si esa promesa se cumplió. La respuesta, lamentablemente, parece ser negativa.
El Perú descentralizó el gasto, pero no el desarrollo.
Durante estas dos décadas se transfirieron recursos, competencias y responsabilidades a gobiernos regionales y locales. Sin embargo, los resultados distan de justificar el esfuerzo institucional realizado. Las brechas sociales siguen siendo profundas y, en muchos casos, las diferencias entre regiones se mantienen prácticamente intactas.
La pobreza es quizás el indicador más evidente. Mientras regiones como Ica, Moquegua o Madre de Dios registran algunos de los menores niveles de pobreza del país, otras como Cajamarca, Loreto o Puno continúan mostrando indicadores alarmantes. Si la descentralización tenía como objetivo generar oportunidades más equitativas, los resultados son, cuando menos, insuficientes.
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Lo mismo ocurre con la educación. Los mejores indicadores educativos continúan concentrándose en Lima y Callao. Las regiones siguen enfrentando dificultades para garantizar calidad, infraestructura adecuada y formación docente. Sin educación de calidad en todas las regiones se perpetúan las brechas. Y cuando las brechas se perpetúan, también se limita la capacidad del país para diversificar su economía, atraer inversiones sofisticadas o desarrollar industrias intensivas en conocimiento y tecnología.
La salud ofrece un panorama similar. El acceso a servicios especializados continúa altamente concentrado en Lima. Muchas regiones carecen de hospitales de alta complejidad, personal especializado y sistemas preventivos robustos. La salud pública, además, no se limita a construir hospitales; implica nutrición, prevención, agua segura, saneamiento y promoción de hábitos saludables. Son tareas que requieren liderazgo regional permanente y no únicamente inversiones aisladas.
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Parte del problema radica en que la descentralización se convirtió en una lógica de ejecución presupuestal antes que en una estrategia de desarrollo territorial.
Hace unos días, Paola Lazarte advertía que nuestro sistema de inversión pública incentiva proyectos atomizados y carece de una visión de integración territorial y productiva. La observación es pertinente. Demasiadas veces las obras responden a necesidades políticas inmediatas antes que a una visión de futuro.
Hace unos días, Paola Lazarte advertía que nuestro sistema de inversión pública incentiva proyectos atomizados y carece de una visión de integración territorial y productiva. (Foto: Julio Angulo / GEC)
A ello se suma una estructura institucional que merece revisión. El Instituto Peruano de Economía ha señalado que más de 1,200 municipios no cumplen siquiera con los criterios poblacionales establecidos para ser distritos. La proliferación de unidades administrativas no necesariamente ha significado mejor gestión ni mejores servicios para los ciudadanos.
El desafío para las nuevas autoridades será enorme. No se trata de recentralizar el país, sino de construir una descentralización madura, con mayores capacidades de gestión, mejor rendición de cuentas y una visión clara de desarrollo regional. El Congreso y el Ejecutivo tienen la responsabilidad de impulsar esa discusión sin cálculos políticos de corto plazo.
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Las autoridades que concluyen su mandato deben dejar bases sólidas. Las que llegarán en 2027 deberán asumir que gobernar una región es mucho más que ejecutar presupuesto o inaugurar obras. Es liderar una visión de desarrollo.
Porque la verdadera descentralización no se mide por cuánto dinero se transfiere, sino por cuántas oportunidades se generan.
