La situación del sector hidrocarburos ha llegado a un punto crítico. La producción nacional de petróleo cayó en noviembre a su nivel más bajo del año, con apenas 35,784 barriles diarios, lo que representa una reducción de más del 20% frente al 2024 y casi la mitad de lo que se producía antes de la pandemia. A esta caída se suma el retroceso simultáneo en la mayoría de lotes, incluido el principal productor del país, el Lote 95, cuya extracción cayó más de 26%. El panorama se agrava cuando se observa que varios lotes dejaron de producir por completo, entre ellos el Lote VI, paralizado desde octubre debido a demoras y complicaciones en los procedimientos de calificación para su adjudicación.
Pero la crisis productiva es solo la punta del iceberg. Seis operadores –responsables de diez lotes en la costa norte– advirtieron que la continuidad de sus operaciones está en riesgo por el creciente incumplimiento de pagos de Petroperú, cuya deuda con ellos supera los US$ 120 millones (Gestión 3.12.25). La cadena de valor que sostiene estas operaciones incluye a más de cien empresas proveedoras locales, hoy en incertidumbre porque la estatal simplemente no tiene capacidad para honrar sus obligaciones. Este problema ya tiene consecuencias visibles: en el Lote Z-69, un proveedor clave suspendió actividades por una deuda cercana a US$ 13 millones.
Las recientes reuniones de la Junta General de Accionistas y el Directorio de Petroperú buscan establecer lineamientos de gestión más estrictos. Sin embargo, los números no mienten: aunque las pérdidas se redujeron a US$ 355 millones, el capital de trabajo permanece negativo –US$ 1,347 millones a septiembre– y la mejora registrada responde solo a que una deuda de US$ 1,000 millones fue pasada a largo plazo.
Petroperú enfrenta un problema estructural que no se resolverá con cambios de directorio aislados ni con la venta fragmentada de activos no financieros, aunque ProInversión ya identifica al menos 60 propiedades para desinversión en el 2026. La empresa necesita una reorganización integral que incluya gobernanza profesional, disciplina financiera real, una política seria de pagos y la capacidad de mantener operaciones sin depender de parches temporales.
Pero la otra mitad del problema está en Perupetro. La paralización del Lote VI al no concretarse la firma del contrato de licencia; el cierre del Lote XV tras culminar contrato; la ampliación del contrato de explotación del Lote Z-69 con Petroperú; y la inoperatividad del 192 muestran que la entidad administradora de contratos también requiere una reestructuración profunda. Ahora, con una nueva gestión, el país necesita que Perupetro actúe con rigor técnico y predictibilidad, garantizando procesos que no repitan los tropiezos y controversias contractuales acontecidos, por ejemplo, más temprano este año en Talara. Para recuperar la producción y la confianza, Petroperú y Perupetro deben reestructurarse ya.
