
Escribe: Luis Vinatea Recoba, socio de Vinatea & Toyama
Una revisión de los 34 planes de gobierno presentados por los candidatos a la presidencia de la república, recogidos por la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), revela el interés que los asuntos laborales despiertan en la población y el enfoque que dichos planes tienen en contraste con las leyes que en los últimos 5 años ha aprobado el Congreso de la República.
Las leyes aprobadas por el Congreso en los últimos años se concentraron en facilitar el retiro de fondos de las administradoras de fondos de pensiones (AFPs), retiros de la compensación por tiempo de servicios (CTS), otorgar licencias por paternidad o maternidad, enfermedades y declaración de nuevos días feriados, entre otros.
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Durante el período congresal, próximo a concluir, han sido muy reducidas las leyes o proyectos que han priorizado cuestiones tan relevantes como la formalización laboral, el acceso al empleo de los jóvenes, la capacitación, el fortalecimiento de la fiscalización o el acceso a la seguridad social universal. En cambio, la mayoría de las medidas congresales y las leyes aprobadas, se han centrado principalmente en los trabajadores formales, con derechos ya reconocidos.
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Y las iniciativas del ejecutivo no han sido mejores. No ha habido iniciativas normativas en el sentido antes expuesto, salvo programas que han buscado incorporar a planillas trabajadores que estaban fuera de ellas. Pero propuestas o programas de formalización masiva, de acceso de jóvenes a empleos formales o programas de acceso a la seguridad social, han sido muy escasos.

Las propuestas de los candidatos
Los planes de gobierno muestran, por el contrario, que el 85 por ciento de los referidos planes contienen al menos alguna propuesta referida a la formalización laboral, la productividad y la capacitación, la fiscalización laboral, el acceso a la seguridad social y el empleo juvenil. Es decir, pareciera ser que los responsables de su elaboración han identificado problemas que van más allá del grupo de trabajadores formales y proponen medidas para quienes no pertenecen a dicho sector. Claro, las propuestas también incluyen algunas mejoras para el sector formal, como por ejemplo incrementos de la remuneración mínima vital, pero es que un plan serio, venga de donde venga, tiene que ocuparse de toda la población laboral, formal o no. Es cierto que todas esas propuestas son el resultado de “agrupar” todos los planes y que, al final, solo se aprobará el plan del candidato que gane las elecciones.
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Sin embargo, revisando los planes se observa el énfasis en enfoques liberales/promercado y populistas/estatistas. Mientras los primeros apuestan por la inversión privada como único motor del empleo formal y plantean, por ejemplo, un “shock” de inversiones en infraestructura, apoyo a las PYMES con créditos y reducción de ministerios y tramitología, así como programas empleo masivo; los otros planes enfatizan en el incremento de la RMV, medidas de alivio inmediato como nuevos retiros de AFP, aumento de pensiones mínimas y de pensión 65, derogar la reciente reforma previsional, aporte solo voluntario de independientes y otros.
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Así que habrá que estar a la expectativa de la evolución de estas elecciones y poner atención en los planes de los candidatos que pasen a la segunda vuelta. Si uno de esos planes incluye propuestas que se ocupen de todo el mercado laboral, tendremos por fin un plan que se ocupe de las cuestiones laborales de manera integral y un Poder Ejecutivo que tendrá una buena hoja de ruta que seguir.









