
Escribe: Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros - APESEG
Toda organización que elabora un presupuesto sabe que siempre habrá eventos que no estarán cubiertos apropiadamente. No porque no figure una línea en el presupuesto que reconozca la existencia de un riesgo potencial, sino porque no es imposible anticipar que tan grave será su impacto si se materializa.
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Si pienso en mi familia; yo puedo suponer que, en algún momento, alguno de sus miembros podría tener un problema de salud que requerirá gastos no recurrentes. Para eso, incluyo un fondo de contingencia dentro de mi presupuesto, que se destinará para cubrir esos gastos en caso de ser necesario. Sin embargo, será muy difícil saber si ese monto será suficiente. Si no lo es, tendré que tomar decisiones que no hubiese querido hacer: como dejar de gastar en cosas que eran prioritarias en mi hogar, o asumir nuevas deudas.

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Si pensamos en cómo actúa el gobierno frente a gastos potencialmente catastróficos veremos que su manera de hacer presupuestos es muy parecida. Se incluye una reserva para contingencias, que estamos seguros que ocurrirán, pero sin conocer su naturaleza ni su impacto. En los últimos quince años, esta reserva no alcanza ni a 2 por ciento del total del presupuesto nacional. Y la partida para gestión de desastres apenas alcanza el 0.7 por ciento. Evidentemente, cuando enfrentemos un evento verdaderamente catastrófico, será imposible pagarlo sólo utilizando el presupuesto.
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La estrategia financiera óptima sugiere combinar ahorros, seguros y mecanismos de reducción de riesgos. No obstante, en la práctica, los presupuestos de las distintas entidades públicas están llenos de contingencias no presupuestadas. No diseñan sus presupuestos incluyendo mecanismos de aseguramiento que puedan activarse ante eventos de gran impacto. De esa manera, si el evento resulta severo el ingreso de nuevos recursos, a través del seguro, se hace mayor; y si por el contrario el evento fuese ligero los nuevos recursos que proveerá el seguro serán menores. Esto permite que la entidad gubernamental pueda actuar no sólo con oportunidad frente al evento, sino que también con recursos suficientes.
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Pero, podríamos pensar una versión aún mucho más eficiente donde el Estado se hace cargo de la capa catastrófica y deja que la primera capa, aquella de eventos más frecuentes, pero de menor impacto, sea cubierta por los ciudadanos. La lógica es simple: ayúdate en lo simple para yo ayudarte en lo más grave.
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Pensemos, por ejemplo, en un municipio cuyos residentes están fuertemente expuestos a riesgos de inundación por lluvias o deslizamiento de tierras. El municipio quisiera contar con un mecanismo que le habilite recursos para comprar y operar motobombas, agua y alimento para los damnificados apenas ocurra el siniestro, pero sufre el lento pago del impuesto predial. Una alternativa es hacer que en el pago del predial los vecinos paguen por la capa no catastrófica; y el municipio en su programa de gestión de desastres incluya seguros, como herramientas financieras, que, ante un desastre, les permita ayudar en la reconstrucción de las viviendas afectadas de aquellos vecinos, que estaban al día con el pago de su impuesto predial.
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Es que la misión del seguro no es simplemente pagar los daños, sino que su propósito es evitar dichos daños. El diseño de una política pública debe estar pensada con ese enfoque, estamos absolutamente alineados con el dueño de casa que no quiere ver su casa incendiada, quiere protegerla y sólo en el caso extremo si la pierde tenga la capacidad de reponerla. Entonces, es importante incluir mecanismos de mitigación de riesgos, de alertas tempranas para que podamos evitar el siniestro.
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En unos días veremos una repetición de la discusión presupuestal en el Congreso y nada de esto estará incluido. El Estado sigue elaborando presupuestos como si no hubiésemos vivido eventos catastróficos que se convirtieron en contingencias fiscales atendidas postergando gastos necesarios o simplemente dejando que las personas vean cómo resuelven sus problemas. Si realmente queremos rescatar la fortaleza fiscal que hasta hace unos años era incuestionable, deberíamos empezar a presupuestar mejor nuestros riesgos.






