¿Qué cosa es urgente para la oposición? El Pleno del Senado acaba de aprobar, con 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones, facultades legislativas concentradas en seguridad ciudadana, el fenómeno de El Niño y algunos temas económicos importantes que logró rescatar la Comisión de Constitución. Es cierto que El Niño y la seguridad son urgentes. Pero el fuerte recorte de la agenda económica deja una pregunta incómoda: ¿por qué crecer, elevar la productividad y formalizar el empleo pueden esperar? La controversia llegó al extremo de dejar sillas vacías en la Comisión de Constitución: tras discrepancias sobre una votación y las atribuciones del Senado, varios legisladores opositores intentaron infructuosamente frustrar el quórum. El episodio muestra la confrontación política; el texto aprobado, sus consecuencias económicas. Una inundación o una extorsión producen daños visibles hoy; la pérdida de productividad deteriora silenciosa y acumulativamente el crecimiento, los salarios y el bienestar desde hace más de una década.
La teoría del crecimiento es bastante clara. Una economía puede crecer porque incorpora más trabajadores, acumula más capital o porque utiliza mejor esos recursos. Esto último es productividad y, en el largo plazo, es fundamental para sostener aumentos del ingreso por habitante y de los salarios reales. Ahí tenemos una emergencia. Entre 2002 y 2008, la productividad total de factores (PTF) aportaba 3.7 puntos porcentuales al crecimiento potencial peruano; desde el 2016, su contribución pasó a ser negativa, reduciendo nuestra capacidad de crecer.
Cuando bajamos de la macroeconomía a las empresas, el problema es todavía más evidente. Las microempresas representan el 93.8% de las empresas formales y concentran el 71.1% del empleo privado. Sin embargo, la productividad laboral de una microempresa equivale apenas al 4.3% de la de una gran empresa. Dicho al revés, una gran empresa produce por trabajador más de 20 veces lo que produce una microempresa. Además, casi nueve de cada diez trabajadores de estas últimas son informales. Tenemos así buena parte del empleo concentrado precisamente en las unidades productivas con menor capacidad para generar valor, aumentar salarios y ofrecer protección social.
En economía existe un concepto útil para entenderlo: misallocation, o mala asignación de recursos. Cuando los impuestos, las regulaciones, las barreras burocráticas o los problemas de financiamiento impiden que las empresas más productivas crezcan, el capital y el trabajo permanecen atrapados en actividades menos productivas. Por eso formalización, regulación, tributación y productividad no son discusiones separadas. Eran centrales en el pedido de facultades y buena parte de esa agenda quedó fuera. El Senado sí preservó medidas importantes de simplificación administrativa e infraestructura, pero no las facultades específicas solicitadas para facilitar la formalización y el crecimiento de las mype y reformar elementos del régimen tributario que desincentivan su crecimiento.
Miremos también la inversión. El Perú tiene una cartera de proyectos mineros de alrededor de US$ 64 mil millones que, de destrabarse, podría elevar nuestro crecimiento potencial entre 0.5 y 1 punto porcentual. Es muchísimo para una economía cuya capacidad de crecimiento se ha reducido sustancialmente. Sin embargo, desarrollar un proyecto minero en el Perú puede tomar alrededor de 40 años desde el descubrimiento del yacimiento, frente a 28 años en promedio mundial. Aunque el Senado incorporó medidas para facilitar infraestructura, APP, predios y liberación de interferencias, la facultad específica para actualizar la regulación minera, simplificar sus procedimientos y fortalecer la seguridad jurídica para activar inversiones quedó fuera. ¿Eso tampoco es urgente?
Algo similar ocurre con los jóvenes. El 84.8% de los trabajadores entre 14 y 24 años trabaja informalmente y su tasa de desempleo prácticamente duplica el promedio nacional. Las facultades para promover empleo, empleabilidad y formación juvenil tampoco fueron incluidas. Estamos hablando de una generación cuya puerta de entrada al mercado laboral es, abrumadoramente, la informalidad. Y una mala inserción inicial puede dejar efectos persistentes sobre productividad, ingresos y trayectoria laboral.
Quizá el error más importante sea pensar que productividad es sinónimo de utilidades empresariales. No lo es. Productividad es bienestar. Un trabajador más productivo puede recibir un salario real mayor. Una empresa más productiva puede crecer, invertir y contratar formalmente. Una economía más productiva recauda más y puede financiar mejores servicios públicos. Y una economía que crece sostenidamente tiene mayor capacidad para reducir pobreza. Los peruanos nos beneficiamos de esa experiencia durante las primeras décadas de este siglo, cuando la pobreza y la desigualdad se redujeron drásticamente. Hoy, después de más de una década de crecimiento débil, nos cuesta seguir avanzando.
El Congreso debe exigir precisión y límites, pero una cosa es corregir reformas y otra eliminarlas. La aprobación del Senado rescató algunas medidas valiosas, pero no subsana el recorte: permanecen fuera reformas importantes de formalización, productividad, empleo e inversión que podrían contribuir a recuperar el crecimiento y acelerar la reducción de la pobreza. Queda entonces una pregunta que la oposición debería responder: si recuperar el crecimiento, elevar la productividad, formalizar el empleo y destrabar miles de millones de dólares de inversión no son asuntos urgentes, ¿qué lo es? Una oposición intransigente que no coloque la inversión privada y el crecimiento entre sus prioridades termina dándole la espalda al mismo ciudadano cuyos derechos dice defender.
David Tuesta es presidente del Consejo Privado de Competitividad.
