Escribe: Leonie Roca, presidenta de la AFIN
Los abogados no somos muy queridos, es cierto. Pero tenemos, en nuestra formación algo que es útil en cualquier sociedad o economía que pretende transitar hacia estadíos de mayor evolución o crecimiento. Ese “algo” es el entendimiento de lo que es el Estado de derecho. Entendemos su valor y su rol fundacional en cualquier grupo humano.
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Pero, como felizmente no todos son abogados, creo importante explicar en qué consiste esto del Estado de derecho con ejemplos sencillos. Imaginemos que usted lector y yo tenemos un juicio por desalojo de un inmueble. El juez define que usted tiene razón, pero como yo creo que el juez es un corrupto y usted le ha pagado una coima, decido desconocer la sentencia. Y así, desconocemos las papeletas de tránsito, los semáforos, las leyes, las sentencias judiciales. Solo seguimos las reglas que nuestra opinión considera buenas para nosotros.
No es solo pagar montos gigantescos por arbitrajes que naturalmente perderá el Estado, sino desarmar la base sobre la cual debemos construir una sociedad que funcione. (Foto: Andina)
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Algo de eso es lo que vivimos en nuestro país, donde constantemente nos escandalizamos por las papeletas que no paga el transportista que atropella a una familia, o de un congresista que recorta el sueldo de sus empleados a su favor, o de las invasiones de terrenos.
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Sin embargo, a muchos les parece muy normal que una autoridad decida que una resolución arbitral o una resolución judicial es incorrecta y anuncie que no la respetará porque considera que quien resolvió “es corrupto”. Esto viene pasando hace mucho. Recordemos cuando se dejó sin efecto la licencia para operar de una fábrica en los Pantanos de Villa. En la práctica, el concejo municipal de Lima dejó sin efecto una resolución judicial. Y todos muy contentos. Desgraciadamente esto ha continuado sucediendo en el caso de varios proyectos de infraestructura y seguimos sin entender que nuestra opinión sobre una sentencia, una ley o un laudo, es irrelevante en términos sociales, porque hay que respetarlos mientras tengan vigencia o cuestionarlos en los canales correspondientes. Lo más serio es que quienes toman estas decisiones, luego no asumen las consecuencias de sus actos.
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La base de toda sociedad próspera es el respeto a las reglas acordadas. Como escribieron Daron Acemoglu y James Robinson —ganadores del Nobel de Economía 2024— “la apertura de una sociedad y el Estado de Derecho parecen ser decisivos para el desarrollo económico”. Ellos ilustran esto con el caso de Nogales: dos ciudades gemelas separadas solo por la frontera México-Estados Unidos, donde la diferencia de prosperidad no se explica por geografía ni cultura, sino por las instituciones que cada lado respeta. No es casualidad que el Banco Mundial mida el Estado de Derecho como indicador clave de gobernanza: sin él, no hay inversión sostenible ni crecimiento de largo plazo.
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Entonces, ¿qué nos pasa? Nos pasa que queremos los beneficios de un país desarrollado, pero no estamos dispuestos a asumir el costo de respetar las reglas del juego, incluso cuando no nos favorecen. Y eso, lamentablemente, tiene consecuencias. No es solo pagar montos gigantescos por arbitrajes que naturalmente perderá el Estado, sino desarmar la base sobre la cual debemos construir una sociedad que funcione.
