Fue un secreto a voces que Juan José Santiváñez regresaría al gabinete ministerial. Incluso se hablaba de que volvería como premier, lo que finalmente no ocurrió. Y tal fue la certeza de que él se pondría de nuevo el fajín que, luego de la “rejuramentación”, en el Congreso no hubo mayor sorpresa y solo se escuchó una que otra voz en contra.
Igualmente, desde hace algunas semanas ya se sabía que el renunciante ministro de Justicia dejaría el cargo para postular al Senado, y hasta se sabía con qué partido y en qué lista. Incluso, ya se han visto pintas con su nombre en las paredes de ciertas zonas a modo de propaganda electoral. La única duda era cuándo lo haría, y esta se disipó en el momento en que se puso día y hora para el debate y la votación de la moción de censura.
Esperar a la fecha límite para las renuncias, luego de los últimos reportajes y denuncias difundidas en los medios de comunicación, era exponerse a un fuego graneado político y mediático que no le convenía como candidato, incluso si no se conseguían los votos para la censura.
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Ese fugaz, pero no improvisado, reingreso al gabinete siempre tuvo, creemos, algunos objetivos concretos: el rápido manejo de una agenda política y mediática que lleve al Gobierno y a la presidenta a la ofensiva, aunque se trate de “fuegos artificiales” (El Frontón, el retiro del Perú de la CIDH, etc.); el rápido reordenamiento de una estrategia de defensa política y legal de la presidenta; y una mejor posición del exministro para hacer frente a cualquier investigación y/o acusación. Además, le daba al ministro renunciante una exposición mayor con miras a la candidatura al Senado, aspiración que seguramente comparten con entusiasmo tanto él como la presidenta, porque si él accede al Parlamento, ella tendrá un buen defensor en el Congreso.
Lo que sí sorprendió fue ver una sola juramentación, cuando lo lógico era aprovechar la ocasión para tomar el juramento de una vez a los nuevos ministros que van a reemplazar a aquellos que, en una semana, dejarán el gabinete por aspiraciones electorales.
Al parecer, no serían pocos los que se van. Se sumarían al exministro de Justicia el ministro de Salud, que ya tiene número en una lista al Senado; y se habla del ministro de Educación y del de Transportes y Comunicaciones. Algunos rumores también señalan al ministro de Trabajo y hasta al de Energía y Minas. Suponemos que las dudas no deben ser pocas: unos meses más con el fajín y la circulina, o la posibilidad de cinco años como senadores o diputados, con todo lo que ello ofrece en un Congreso que es una isla de privilegios en el país.
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Lo interesante será ver finalmente con qué colores se van a comprometer los ministros y altos funcionarios que renuncien (no será morado en octubre, eso es seguro); si sus incorporaciones a las listas van a sumar o restar a los partidos que los acojan; y si sus candidaturas van a confirmar o no la percepción que la población tiene de las supuestas alianzas políticas actuales. Algunos partidos pueden correr el riesgo de ser calificados de “oficialistas” por acoger a algunos ministros y/o exministros de este Gobierno.
En lo que parece que no hay dudas es en que los reemplazantes de quienes se lancen a la campaña serán de entre casa y del círculo más cercano de la presidenta. En este Gobierno los gabinetes no han sido gabinetes del Ejecutivo, han sido y serán los gabinetes de la presidenta. Por ello no debe sorprender ver nuevos enroques o hasta el regreso de exministros o exministras de este Gobierno. Quien va a tener cierta tranquilidad es el primer ministro.
Lo otro que queda claro es que hay muchas “iniciativas” que van a ir quedando en el camino porque fueron “fuegos artificiales”, acciones que tenían un fin mediático y político eminentemente coyuntural.
Por ejemplo, el anuncio del nuevo ciclo de El Frontón como penal de máxima seguridad, quedará solo en anuncio, porque ni siquiera en el propio Gobierno, y mucho menos en la Marina, existe ni entusiasmo ni apoyo a esta idea. Por el contrario, ha habido rechazo en varios sectores, y ahora que el impulsor ya no está en el Ejecutivo, lo más probable es que ya casi no se hable del tema desde el Gobierno.
Lo mismo puede pasar con el discurso del retiro del Perú de la CIDH. Quien realmente se quiere salir, lo hace sin tanto estudio ni tanta vuelta. Y si las evaluaciones se demoran tanto, es que hay muchísimas dudas, mucho temor, y una oposición de un sector al interior del Gobierno. Lo más probable es que ante un real retiro, varios ministros de los que le quedarán a la presidente después del 13 de octubre renuncien, porque para avalar una cosa así hay que estar bien convencido y dispuesto a enfrentar lo que pueda venirse en el futuro.
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No sería la primera vez que anuncios grandilocuentes de este Gobierno queden en nada. Así pasó con la fusión de ministerios, la creación del ministerio de Infraestructura, la pena de muerte, y otras cosas más.
¿A quién favorecerán y a quién perjudicarán todas estas movidas?
