Omar Mariluz Lagunar, diector periodístico Diario Gestión
Petroperú es la fiesta interminable a la que nadie quiere ir, pero todos estamos obligados a pagar la cuenta. Y Dina Boluarte lo ha dejado claro: sin importar que la empresa estatal sea un desastre financiero, seguirá recibiendo salvavidas desde Palacio.
La presidenta pidió en Consejo de ministros, el 13 de septiembre, que el Gabinete respalde “a toda costa” a Petroperú. Traducción: no importa cuántos millones se quemen, cuántas mentiras se digan o cuántos compromisos se incumplan, la caja fiscal seguirá abierta para una petrolera que ya perdió cualquier capacidad de sostenerse sola.
Lo irónico es que hasta hace poco el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, juraba que no le daría “un sol más” a Petroperú. El propio presidente de la estatal, Alejandro Narváez, prometió que no volvería a estirar la mano. Y, sin embargo, hace una semana el MEF autorizó una nueva emisión de bonos por US$ 287 millones para tapar huecos. El borracho dijo “última copa”, pero ya está pidiendo otra ronda.
Los números son brutales: a julio, Petroperú acumuló pérdidas por US$ 299.4 millones, más del 50% de su capital social. Eso obligó a activar el artículo 176 de la Ley General de Sociedades, que manda a convocar a una Junta de Accionistas. Pero ¿qué sentido tiene una junta si los ministros que representan al Estado solo acatan la orden política de Boluarte?
El premier Eduardo Arana lo confesó sin pudor: el Gobierno seguirá financiando los gastos de capital de la petrolera. Y ojo, no hablamos de “una ayudita”. Entre el 2013 y mayo pasado, Petroperú ya recibió más de S/ 24,000 millones en préstamos y avales estatales. Es decir, un presupuesto equivalente a construir tres líneas del Metro de Lima como la Línea 2.
El problema de fondo no es solo financiero, es cultural. Como dijo el exministro José Arista, en Petroperú reina la “cultura de la mentira”. La gestión de Narváez es el ejemplo perfecto: prometió cumplir con la reorganización, ajuste de personal, venta de activos, una auditoría forense a la refinería de Talara… y nada se ha ejecutado. El decreto de urgencia aprobado el año pasado duerme el sueño de los justos mientras la empresa sigue sangrando.
Y Talara es otro monumento al despilfarro. Los peruanos ya pagamos más de US$ 6,500 millones por una refinería que todavía presenta fallas y que, en vez de dar respuestas, abre sus puertas para visitas políticas como la de Antauro Humala. No sería raro que pronto encontremos a Vladimir Cerrón hospedado en alguna suite con vista al mar cortesía de la estatal.
Lo peor no es que Petroperú mienta, prometa y no cumpla. Lo peor es que el Gobierno de Boluarte lo sabe y, aun así, sigue escribiendo cheques en blanco. En cualquier empresa privada, esta gerencia ya estaría despedida; en el Perú, la premiamos con más dinero público. Petroperú no es solo un barril sin fondo: es el recordatorio de que aquí la complicidad con el fracaso se viste de “política de Estado”.
