Escribe: Victorhugo Montoya Chávez, experto en gestión pública y exjefe de la ONP
El debate en torno a la autorización de nuevos retiros de los fondos de las AFP ha cobrado renovada intensidad. Es innegable que la perspectiva de acceder a liquidez inmediata resulta atractiva para muchos de nosotros, especialmente en el contexto económico actual. La validación de retiros anteriores por parte del TC -en una cuestionable sentencia- ha establecido un precedente que alimenta las expectativas.
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No obstante, más allá de la comprensible necesidad de liquidez que muchos peruanos experimentamos, resulta crucial detenernos un instante para reflexionar sobre las implicaciones a largo plazo de estas decisiones que parecen tan atractivas en el corto. El impacto conjunto de estos retiros sucesivos genera una creciente vulnerabilidad y una palpable desconfianza en el sistema, además de consecuencias graves para la estabilidad financiera individual de los peruanos como para la salud de la economía nacional en su conjunto.
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En primer lugar, la desprotección social que se avecina es evidente. Los fondos de AFP son pilares fundamentales de la seguridad financiera de las personas, concebidos como el soporte económico para la etapa de la jubilación. Su retiro masivo y constante compromete seriamente esta protección a futuro, dejando a una porción significativa de la población en una situación de mayor fragilidad económica durante sus años de retiro. El impacto del retiro de fondos de AFP conlleva un riesgo previsional y económico significativo que no podemos ignorar. La pensión futura se ve directamente amenazada. La Constitución, en sus artículos 10 y 11, garantiza la seguridad social en pensiones. Los retiros continuos contravienen este derecho fundamental, incrementando la potencial dependencia de pensiones no contributivas que inevitablemente recaerán sobre las arcas del Estado.
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En segundo lugar, se produce una preocupante ruptura de los acuerdos establecidos y se erosiona la seguridad jurídica. Estos fondos son el resultado de acuerdos contractuales entre los afiliados y las AFP. Modificar unilateralmente estas condiciones mina la confianza en el sistema financiero y en la predictibilidad de las reglas de juego. Además, existe una clara inconsistencia legislativa que debilita la credibilidad de nuestras instituciones. La reciente reforma de pensiones, plasmada en la Ley 32123, precisamente buscaba preservar la intangibilidad de los fondos previsionales, en estricta concordancia con el artículo 12 de la Constitución. El constante cambio de reglas socava la confianza en el Congreso y la estabilidad del marco legal.
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En tercer lugar, tampoco podemos pasar por alto la descapitalización e inestabilidad que generan estos retiros masivos. Los fondos de pensiones son actores cruciales para la inversión en proyectos productivos y de infraestructura, desempeñando un papel vital en el impulso del crecimiento económico del país. Los retiros continuos pueden desestabilizar los mercados financieros, generar un aumento en las tasas de interés y restringir el acceso al crédito, afectando negativamente a la economía en general.
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Finalmente, es importante señalar que la reducción constante de los fondos administrados por las AFP impacta directamente en su capacidad de inversión, lo que se traduce en una menor rentabilidad para aquellos afiliados que, actuando con responsabilidad, deciden no retirar sus ahorros previsionales.
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No hay que olvidar, además, que la reciente reforma del sistema de pensiones ya contempla mecanismos como las comisiones por rendimiento, que buscan alinear los intereses de los afiliados con la gestión de los fondos previsionales de las AFP y de los futuros actores privados del sistema.
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La disyuntiva entre ceder a la tentación de una liquidez efímera o salvaguardar la estabilidad de nuestro sistema de pensiones definirá el rumbo de nuestro desarrollo económico y social. Resulta imperativo, por lo tanto, promover un debate sereno y fundamentado, que equilibre las necesidades urgentes del presente con la preservación de la seguridad económica en el largo plazo. El Congreso debe actuar con la responsabilidad que exige la administración del ahorro previsional. Las consecuencias de priorizar el cortoplacismo sobre la sostenibilidad del sistema pueden ser devastadoras. Sería un atentado contra la promesa de un retiro digno para millones de peruanos.
