Las malas rutas de la concesión

A raíz de la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el cobro de peajes a Rutas de Lima en la zona de Puente Piedra, vale la pena analizar si la estrategia utilizada por la empresa cuestionada, fue suficiente para hacer sostenible un negocio amparado en un contrato de 30 años de vida. Este artículo no pretende cuestionar el origen del contrato o los alcances jurídicos de dicha resolución, que ya muchos tildaron como una clara vulneración de la seguridad jurídica en el Perú; sino que analiza la necesidad de hacer una correcta apreciación del factor social y político al realizar una gran inversión.

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Partamos de la afirmación que todo proyecto privado o público, sobretodo de larga data, además de definir una estrategia financiera y comercial, que muchas veces se convierte en perversa cuando los accionistas quieren mantener su rentabilidad proyectada a toda costa; debe tener “obligatoriamente” una estrategia más amplia. Esta tiene que contemplar dos vectores indefectibles: factor social -población, midiendo el impacto social que el proyecto generará y la forma adecuada de interacción con los pobladores durante la vida y más allá del proyecto; y el factor político, entendido como la mirada futura de la tendencia normativa y de los agentes políticos venideros, lo cual obviamente es difícil de controlar. Esto último tiene impacto directo en el desarrollo del proyecto; y no con ánimos de evaluar el ofrecimiento de dádivas sino con el objetivo de prever tempranamente los vaivenes políticos de aquellas normas o gobernantes sujetos a tendencias políticas.

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En el caso específico de Rutas de Lima, como ciudadano de a pie y pagador de peajes, en los últimos años no he podido identificar este tipo de estrategia a la que hago mención, bien porque no ha sido expuesta de manera adecuada o porque no se le ha dado la relevancia que le corresponde; pensando que el solo hecho de tener un documento contractual firmado, les garantizaría la sostenibilidad de su proyecto o justificaría los incrementos pactados. Recién los últimos meses, he podido ver carteles publicitarios tardíos y publicaciones en las redes sociales de la empresa concesionaria, exponiendo alguno de los beneficios obtenidos por la comuna limeña; frente a más de siete años de protestas de los vecinos de Puente Piedra que vienen exigiendo la suspensión del cobro, amparados en la violación a su libertad de tránsito.

A modo de ejemplo de cómo llevar a cabo estrategias que incluyan el factor político y social en una inversión, podemos citar el trabajo realizado por Alejandro Fontana, respecto del exitoso caso de Industrias San Miguel en República Dominicana; donde se tomó la decisión de construir una planta de más de 10 millones de dólares en una comunidad de extrema pobreza llamada Caimito, y que a pesar de haberse enfrentado a un Estado donde la seguridad jurídica era lo menos rescatable, basados en una estupenda estrategia que identificó adecuadamente los vectores antes comentados, tuvieron un acercamiento adecuado con la población, que permitió no sólo sostener la inversión a pesar del incesante revés de las autoridades sino incluso enfrentar las decisiones estatales que pretendían “expropiar” las inversiones realizadas.

Lo acontecido con Rutas de Lima, demuestra una vez más que el solo hecho de tener un contrato firmado, no permitirá a ningún concesionario sostener su proyecto de inversión sin sobresaltos o cuestionamientos, si es que no se ha incluido en su business case, el factor social -población, no sólo exponiendo los beneficios a obtener, sino considerando el impacto real de sus acciones, que como en el presente caso, terminen afectando a los ciudadanos de manera tan evidente.