El borrador de delegación de facultades que circuló la semana pasada dedica uno de sus ejes a la simplificación administrativa, desregulación y eliminación de barreras burocráticas. Promete fusionar, desregular, eliminar procedimientos y normas y reducir plazos y costos, ampliar el silencio positivo y reforzar la interoperabilidad y las ventanillas únicas. No es el texto final, pero la intención está clara. Sin embargo, ¿es suficiente?
Créanme que soy la primera entusiasta con medidas que limpien nuestro abultado ordenamiento jurídico, pero hoy quiero explicar por qué es equivocado concebir la simplificación únicamente como acciones de eliminación o corte. Y para eso quiero emplear una analogía.
Piense en el Estado como una fábrica. Entran insumos –una solicitud, los requisitos que la sustentan, opiniones técnicas– y sale un producto: la licencia, el permiso, la respuesta al ciudadano. Si la línea de producción está mal diseñada, incluye reprocesos, controles duplicados y cuellos de botella, el producto sale tarde y con sobrecosto. Corregirlo demanda mirar integralmente el flujo, identificar qué está mal y rediseñarlo. La simplificación no es una actividad; es un proceso permanente de reingeniería.
Portugal lo entendió. El SIMPLEX se lanzó en el 2006, tuvo una primera fase hasta el 2011 –más de mil medidas– y fue relanzado en el 2016 como SIMPLEX+. Continúa hasta hoy, bajo gobiernos de distinto signo político. Esa supervivencia no fue casual. Fue un programa nacional único y transversal a todos los sectores, no una suma de iniciativas ministeriales. Tuvo conducción al más alto nivel y rendición de cuentas pública sobre plazos. Se construyó escuchando: sus ediciones recogieron ideas de miles de ciudadanos y empresarios en giras por todo el país. Y se sometió a evaluación independiente –la OCDE en el 2008, luego la Comisión Europea–, lo que permitió corregir en lugar de celebrar. Además, entendió la tecnología no como digitalizar el trámite existente, sino como rediseñar la forma de operar.
Eliminar una regla no elimina necesariamente el problema que buscaba resolver. Cuando se simplifica sin entender qué riesgo se está gestionando, el vacío puede reaparecer de otra forma: como un accidente, una crisis o una situación de riesgo. Y entonces aparece el péndulo regulatorio: después de una emergencia se crean nuevas reglas, generalmente más duras, que años después vuelven a percibirse como excesivas y generan presión para eliminarlas. Por eso varios países, como el Perú, viven en la “guerra eterna” contra la burocracia: comisiones, paquetes, metas de reducción y días de derogación que se anuncian con entusiasmo y se evalúan poco.
El reto, entonces, no es elegir entre regular y desregular. Es saber qué problema resuelve cada regla, qué riesgo aceptamos al eliminarla y cómo podemos gestionarlo de una manera menos costosa. Sin conducción única, metas medibles y evaluación independiente, en 120 días tendremos titulares. Y en cinco años, la próxima comisión de simplificación.
María Antonieta Merino es docente de las universidades del Pacífico y de Lima.
