Luis Almandoze, gerente de División de Banca Pyme y Negocios del BCP
En el Perú, hablar de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) no es referirse a un sector más: es hablar del corazón de nuestra economía. Estas organizaciones representan el 99.4% del tejido empresarial formal del país, y solo las micro y pequeñas concentran cerca del 50% de nuestra población económicamente activa. Son, sin exagerar, el motor que sostiene el empleo, la producción y la resiliencia social.
Por eso, afirmar que el Perú está construido por emprendedores no es una metáfora: es una realidad estadística, económica y cultural. Pero también implica reconocer que los desafíos que enfrentan las mipymes son, en gran medida, los desafíos estructurales del país. No solo afectan a quienes lideran estos negocios, sino que repercuten directamente en sus trabajadores, sus clientes y en la dinámica económica nacional.
Uno de los retos más persistentes es la informalidad. En el ámbito laboral, esta se ha mantenido en torno al 70% durante las últimas décadas. Y en el 2023, casi el 90% de las mipymes operaban fuera del marco formal. Esta condición las hace vulnerables ante cualquier shock económico, como lo evidenció la pandemia, y limita su capacidad de invertir, innovar y escalar. La informalidad no es solo una barrera legal: es una trampa estructural que perpetúa bajos niveles de productividad y competitividad.
LEA TAMBIÉN: Pymes que se digitalicen tienen 40% más de probabilidad de tomar crédito: Perú Business Fest
A esto se suma un entorno de inseguridad que golpea doblemente a los emprendedores. Por un lado, son víctimas directas de robos, extorsiones y violencia, muchas veces con consecuencias irreparables para sus familias. Por otro, la percepción de inseguridad reduce el flujo de clientes, encarece las operaciones y convierte la expansión en un riesgo. Las inversiones en seguridad, como son la adquisición de alarmas, cámaras, vigilancia, se vuelven costos de oportunidad que desvían recursos de la innovación y el crecimiento.
Frente a este panorama, el fortalecimiento de las mipymes exige una respuesta articulada entre el Estado y el sector privado. Si bien la formalización requiere reformas profundas desde lo público, hay ámbitos donde el sector financiero puede y debe seguir actuando con decisión: la inclusión financiera es uno de ellos.
La falta de acceso a productos bancarios formales empuja a muchos emprendedores hacia esquemas informales de crédito, con tasas abusivas y condiciones opacas. En casos extremos, estos mecanismos están controlados por redes criminales, como ocurre comúnmente con el “gota a gota”, que recurren a la intimidación e incluso a la violencia para asegurar el pago. Esta exclusión financiera no solo limita el crecimiento de los negocios, sino que los expone a riesgos sistémicos que comprometen su sostenibilidad.
Además, estar fuera del sistema financiero significa perder acceso a seguros, mecanismos de ahorro, plataformas de pago seguras y herramientas de gestión. En resumen, sin una relación saludable con el sistema financiero, los emprendedores tienen menos oportunidades de prosperar.
Herramientas financieras como las billeteras digitales, entre ellas Yape, están redefiniendo el acceso financiero para miles de emprendedores, al permitirles realizar y recibir pagos de forma rápida y segura, sin necesidad de infraestructura costosa. La digitalización abre puertas a nuevos mercados, mejora la eficiencia operativa y democratiza el acceso a servicios. Pero hay un ingrediente indispensable para que todo esto funcione: la educación financiera.
LEA TAMBIÉN: CCL: cuatro de cada 10 pymes cierran por problemas de flujo de caja
Desde el sector privado, iniciativas como el ABC del BCP o Contigo Emprendedor han demostrado que es posible capacitar, empoderar y transformar. Estas propuestas no solo brindan herramientas técnicas, sino que también fortalecen la confianza de los emprendedores en su capacidad de crecer, formalizarse y acceder a nuevas oportunidades. Sin embargo, estos esfuerzos, por valiosos que sean, no pueden sustituir el impacto de generar políticas públicas sostenidas y estructurales. Es fundamental que el Estado asuma la educación financiera como una prioridad nacional, incorporándola en el currículo escolar desde etapas tempranas, reforzándola en la formación técnica y profesional, y promoviendo campañas masivas que lleguen a todos los rincones del país. La alfabetización financiera no es un lujo: es una condición necesaria para la inclusión, la productividad y la ciudadanía económica.
El futuro del Perú está profundamente ligado al destino de sus emprendedores. Si queremos un ecosistema emprendedor más resiliente, formal y competitivo, debemos garantizar que cada peruano tenga acceso al conocimiento que le permita tomar decisiones informadas, proteger su patrimonio y construir un futuro con autonomía. Invertir en educación e inclusión no es solo justo: es estratégico. Porque cuando los emprendedores prosperan, el país avanza.
