Escribe: Mariela García de Fabbri, directora gerente general de Ferreycorp.
Los magros crecimientos que nuestra economía viene presentando desde hace varios años son insuficientes para impulsar, como se debe, el desarrollo nacional. El 3% de avance del PBI el último año muestra que, pese al viento favorable de los precios de los metales, la economía no ha terminado de encender todos sus motores, más allá de una leve recuperación de algunos sectores productivos y un alza de la inversión pública. Es evidente que se necesita más inversión privada.
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En este contexto, la reciente proyección del MEF de un crecimiento de 4% para este 2025 –que no está garantizado pues depende de una serie de factores– aún está por debajo de nuestro potencial como país y, sobre todo, es muy inferior a los niveles requeridos para dar un mayor impulso a la reducción de la pobreza y encaminar el desarrollo. Lo venimos diciendo hace algún tiempo: ¡Hay que hacer más… y podemos hacer más!
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En ese escenario, la reactivación de la inversión privada es fundamental, en especial aquella en infraestructura y minería, con grandes volúmenes de recursos económicos y alto efecto multiplicador. ¿Qué necesitamos para materializar esta inversión? Parte de la solución es reducir la burocracia y excesivos trámites en la aprobación de proyectos, con funcionarios capaces de agilizarlos, y reactivar proyectos paralizados. Además, iniciativas como la ventanilla única para el sector minero debieran desplegar todo su potencial, contribuyendo a concretar nuevos proyectos de la cartera de inversión minera.
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En infraestructura, la inversión pública debe ser complementada con las asociaciones público privadas (APP). Destaca la apuesta anunciada recientemente de adjudicar este año cerca de US$ 8,000 millones. Esperemos que el anuncio de reformar y relanzar las APP impulse significativamente el cierre de brechas de infraestructura. En tanto, las Obras por Impuestos también contribuyen con la urgente tarea de acelerar las obras públicas; esperamos que sigan ganando fuerza, si se priorizan más obras y más empresas privadas asumen el reto.
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Junto con promover la participación del sector privado en la construcción de infraestructura, debemos exigir una mejora en la gestión de la inversión pública. Como lo reportó Gestión, el Consejo Nacional de Competitividad identificó miles de proyectos con cero ejecución en el 2024, lo que impacta en el avance del país. Son también conocidas por todas las estadísticas de obras inconclusas o paralizadas. Para encaminar los proyectos y garantizar la transparencia, debemos recobrar y desarrollar nuevas capacidades en los distintos niveles de gobierno.
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Más allá de ello, nos afecta la inestabilidad política. La inversión requiere reglas de juego y actores que generen confianza y predictibilidad. Con sucesivos cambios presidenciales y ministeriales, se ve limitada la capacidad de atraer grandes inversiones. Ad portas de una elección, debemos tomar con máxima responsabilidad la elección de autoridades que acaben con este bucle de inestabilidad, votando por los más preparados y honestos. Asimismo, es imperativo atacar la inseguridad, que genera pérdidas millonarias al país; combatirla no solo traerá la paz que la ciudadanía merece, también reactivará el consumo y la inversión de negocios de todos los tamaños. Y no menos importante, preocupa que persista el grave problema de corrupción, que requiere una lucha frontal y máxima vigilancia de la ciudadanía.
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Mirando al futuro, la apuesta debe ser reactivar niveles significativos de inversión para retomar un ciclo de mayor crecimiento, lo que permitirá reducir las brechas sociales y la desigualdad. Hoy las expectativas empresariales son favorables, los buenos vientos de los precios de los metales siguen soplando, el consumo se ve beneficiado por la menor inflación, y hay anuncios de reformas interesantes en marcha. Sin duda, el Perú tiene el potencial para que su economía vaya mucho más allá. Sigamos sumando esfuerzos para lograrlo.
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