Escribe: Luis Vinatea, socio de Vinatea & Toyama.
El discurso de cinco horas de la presidenta Dina Boluarte incluyó el anuncio de un incremento de la remuneración mínima vital (RMV), dentro de los pocos asuntos abordados en materia laboral. Tal incremento debería ocurrir en el último trimestre del año, luego de que sea “consensuado” en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), anunció la presidenta.
El solo hecho de que este anuncio se pierda en un discurso largo e inacabable, da una idea exacta de la poca importancia que se le da a la política laboral. Pero lo preocupante es que un anuncio como el señalado, nos recuerda circunstancias similares en las que el discurso de convocatoria “al diálogo social” fue solo la antesala de la emisión de normas unilaterales fijadas y dictadas por el Gobierno, sin participación alguna de trabajadores y empleadores.
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Algo similar, pero sin anuncio presidencial de por medio, ocurrió durante el Gobierno de Pedro Castillo y, en particular, durante la gestión de la exministra de trabajo Betsy Chávez. Ella convocó al CNT para discutir materias como la tercerización, las relaciones laborales colectivas y la RMV, entre otras. Pero en lugar de abrir un espacio para el diálogo y construir varias propuestas de Ley a partir de él, emitió los decretos supremos 001-2022 y 014-2022, que reglamentaron de mala manera la Ley de Tercerización y la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (LRCT) y, por supuesto, también incrementó la RMV de la misma forma. Esto, a pesar de que la propia ministra se había comprometido a discutir estas normas de manera tripartita (Gobierno, trabajadores y empleadores). Tiempo después, el siguiente ministro de trabajo tuvo la intención de reactivar al CNT, pero no lo logró. El actual ministro lo ha convocado para la segunda semana de agosto, pero la presidenta ya anunció que el aumento de la RMV tendrá lugar hacia fines de este año, cosa que ha secundado el actual ministro de Trabajo.
Anunciar, como lo ha hecho la presidenta, que la RMV se va a incrementar hacia fin de año, luego de que se llegue a un consenso, parece un déjà vu y podría revelar que para el gobierno pasar por el CNT sería sólo una mera formalidad. Porque la RMV no debería establecerse si previamente no se aprueba una fórmula o metodología técnica, que permita incrementarla. Esa fórmula debe considerar elementos necesarios como el crecimiento sostenido de la economía, la ausencia de recesión, la baja inflación y el incremento de la productividad, entre otras condiciones. Esta fórmula para incrementar la RMV se encuentra pendiente de fijación definitiva, mediante un acuerdo en el CNT, desde hace varios años.
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Lo que pareciera haber anunciado la presidenta es que se va a incrementar la RMV haya consenso o no, con lo que el Gobierno podría prescindir una vez más de cuestiones técnicas y optar por emitir una norma que sería el resultado de criterios políticos, que no toman en cuenta lo más conveniente para nuestro país (más allá de que la Constitución así lo señala). Hace unos días, el ministro de Economía cuestionó a su par de Trabajo por secundar el mensaje de la presidenta en ese sentido. Ojalá esto permita reconducir el diálogo social hacia lo que está pendiente y es realmente importante: que se fije por consenso una metodología adecuada, técnica y libre de influencias políticas para fijar de aquí en adelante la RMV.
Esto ya parece un tópico, pero todos sabemos que la informalidad en el Perú alcanza el 75% de la población económicamente activa (PEA) y ese sector no se beneficia con el aumento de la RMV. Es decir, su incremento -sin considerar criterios técnicos- solo beneficiará a grupos de trabajadores formales (que tienen como base de cálculo algunos beneficios atados a la RMV) o que solo ganan un monto similar a aquella y no llega a la mayoría de las personas, que en nuestro país son los informales. Al contrario, considerando que el monto de la RMV equivale al 75% del promedio salarial del sector formal, es posible que muchos trabajadores formales que están en la base de ese promedio y que pertenecen mayoritariamente a pequeñas y microempresas, salgan del sector formal con destino al informal para recibir su retribución sin descuentos. Es decir, el efecto de precarización y desprotección de la iniciativa terminaría siendo mayor que el beneficio que el aumento de la RMV pretende generar.
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El Perú no necesita crear más normas que fortalezcan la informalidad. Lo verdaderamente indispensable es aumentar la productividad, mejorar la capacitación e incentivar la inversión de las empresas en las personas. Y para eso sí que sirve el diálogo social, ojalá lo usemos bien.
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