Recaudar de manera sostenible es un desafío central para el Estado y requiere un equilibrio entre asistencia, facilitación y predictibilidad. Promover el cumplimiento voluntario, en una economía diversa como la peruana, es fundamental para fortalecer la confianza en el sistema tributario y ampliar la base de contribuyentes.
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Sin embargo, cuando estos esfuerzos no son suficientes, es indispensable reforzar el control y la fiscalización. Persisten brechas significativas de incumplimiento, especialmente en el Impuesto a la Renta (IR), con niveles cercanos al 53%, y en el IGV, con 34%. Reducirlas es clave para asegurar equidad, competencia leal y sostenibilidad fiscal.
En un país que demanda transparencia, el uso de “facturas falsas” para obtener ventajas tributarias indebidas se convierte en una amenaza a la competencia leal y las finanzas públicas.
En un país que demanda transparencia, el uso de “facturas falsas” para obtener ventajas tributarias indebidas se convierte en una amenaza a la competencia leal y las finanzas públicas.
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Este fenómeno suele estar asociado a esquemas de operaciones no reales, en las que ciertos contribuyentes utilizan facturas sin sustento, emitidas por terceros, para incrementar artificialmente gastos o créditos fiscales. De esa manera, buscan reducir el pago del IR o del IGV, generando un perjuicio directo a la recaudación y distorsionando las condiciones de competencia en el mercado.
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Utilizando analítica avanzada, inteligencia artificial y modelos predictivos, la Sunat detectó redes de estos proveedores ficticios que operaban exclusivamente para emitir comprobantes de pago sin sustento y calificó a 78 contribuyentes como Sujetos sin Capacidad Operativa (SSCO), por haber emitido más de 455 mil comprobantes de pago a más de 57 mil clientes, generando créditos fiscales y gastos tributarios por más de S/ 3,195 millones. Estos montos no pueden ser utilizados para efectos del crédito fiscal del IGV ni para sustentar costos o gastos en el Impuesto a la Renta.
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Objetivamente, se identificaron empresas que no registraban trabajadores, activos ni locales adecuados para desarrollar las actividades que facturaban. En otros casos, el domicilio fiscal correspondía a direcciones inexistentes o inmuebles que no guardaban relación con la magnitud de las operaciones declaradas. Incluso se identificaron contribuyentes que emitían comprobantes por montos millonarios sin registrar movimientos financieros consistentes con dichas operaciones.
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El avance de la facturación electrónica y el análisis de información permiten examinar millones de comprobantes de pago, identificar patrones de riesgo y cruzar datos provenientes de distintas fuentes, lo que facilita detectar inconsistencias que antes pasaban desapercibidas.
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Estas prácticas tienen graves consecuencias tributarias y penales. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de cinco años contra el responsable de una empresa por utilizar facturas falsas y obtener crédito fiscal, gracias a la información detectada por la administración tributaria.
Cerrar el paso a las facturas sin sustento fortalece una economía formal y competitiva, y protege la recaudación tributaria del Estado. También reduce riesgos en las relaciones comerciales y protege a los contribuyentes que actúan correctamente de ser perjudicados por estas malas prácticas. No olvidemos que la integridad tributaria es un bien público que beneficia a todos los peruanos.
Javier Franco Castillo es Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat.
