
Escribe: Alejandro Deustua, internacionalista
Suramérica acaba de iniciar una secuencia de procesos electorales que decidirán la viabilidad de sus economías y estados.
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Bolivia ha optado por un demócrata-cristiano que, ensanchando el centro político y procurando indispensable apoyo internacional, pretende salvar apremios cotidianos (combustible y divisas), restaurar los fundamentos de una economía quebrada y recuperar la cohesión nacional raída por el MAS.
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Y en Argentina, un sorprendente apoyo ciudadano acompañado de militante soporte norteamericano, ha fortalecido un radical proceso antiinflacionario previo al inicio de reformas estructurales viabilizables por asociaciones legislativas. Éstas podrán ser defendidas mediante veto ejecutivo de normativa opuesta a las mismas.

Y el 16 de noviembre Ecuador decidirá, mediante referéndum, si el Gobierno cuenta con apoyo ciudadano para autorizar el establecimiento de bases militares extranjeras, deponer la financiación pública de los partidos, reducir el legislativo y optar, previa consulta popular, por una nueva Constitución. Estas reformas son consideradas fundamentales para imponer el orden desafiado por “organizaciones terroristas de carácter trasnacional”, fortalecer la gobernabilidad y racionalizar excesos parlamentarios.
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El mismo día Chile elegirá a un presidente que, en un escenario de gran polarización, debiera reducir la amenaza que el crimen y la violencia impone a la ciudadanía y superar el estancamiento de la economía.
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A estos cuatro casos de supervivencia o de restauración nacional se agrega un eventual cambio de régimen en Venezuela sea eliminando la dictadura o transformándola en autoritarismo de salida (o enraizando su permanencia a través de ayuda extrarregional). Luego de diferentes intentos diplomáticos latinoamericanos y europeos, hoy la presión norteamericana, escalada en el Caribe, no puede retirarse sin algún resultado.
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En ese marco, y embebidos de aparente solvencia macroeconómica, los peruanos afrontaremos en abril un problema elefantiásico: optar por un gobernante entre 39 postulantes y discernir entre 9,500 candidatos a diputados y senadores. Teniendo en cuenta la velocidad del giro político y el deterioro del valor institucional en el país, el precio que deberá pagar el ciudadano por no resolver adecuadamente esta hiperoferta electoral implicará una “hiperinflación política” de la que no se sale sin un ajuste radical.
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La resignación con que afrontamos el panorama quizás se deba a que, a diferencia de nuestros vecinos (salvo Chile), la crisis no es aún terminal mientras esperamos que los precios de los productos básicos no desciendan (-7% en 2025-2026, Banco Mundial) y que no se desate una crisis financiera en Estados Unidos seguida de recesión.
Para reducir la montonera política y fortalecer las instituciones requerimos de un extraordinario esfuerzo de asociación interna. Y otro de nueva convergencia con los vecinos democráticos para dejar de ser la región emergente que menos crece en el mundo.








