David Tuesta
Presidente del Consejo Privado de Competitividad
Existe un amplio consenso de que la calidad de las instituciones es clave para el crecimiento y la prosperidad. Si uno compara las economías de altos ingresos con un país como el Perú, la principal diferencia radica en el funcionamiento de sus instituciones. En los primeros, los agentes económicos confían en que sus derechos de propiedad serán respetados, las leyes se aplican de manera uniforme, y los incentivos privados y sociales están alineados. Las políticas públicas se diseñan sin comprometer la estabilidad macroeconómica, los sistemas de seguridad social protegen a los ciudadanos frente a riesgos, y el marco político garantiza representatividad y libertades civiles.
Por supuesto, cada país adapta estos elementos a su idiosincrasia. Por ejemplo, los derechos de propiedad en Estados Unidos, Singapur y China tienen concepciones distintas, pero en cada caso, su diseño ha permitido que los incentivos económicos funcionen y las economías crezcan. Del mismo modo, las redes de seguridad social en España y Francia son diferentes a las de Estados Unidos o Australia, pero cada una responde a las características de su sociedad.
Un aspecto crítico en el debate institucional es el dilema del “huevo y la gallina”: ¿son las buenas instituciones las que generan crecimiento económico, o es el crecimiento económico el que fomenta el desarrollo institucional? La evidencia histórica ofrece ejemplos para ambas perspectivas. Sin embargo, este debate nos recuerda que debemos evitar visiones reduccionistas. Así, es un error suponer que importar el marco legislativo de un país desarrollado traerá automáticamente crecimiento. Tampoco podemos aferrarnos a la idea de que las instituciones deben preceder siempre al crecimiento, cuando hay casos donde este último ha impulsado reformas institucionales. Además, ignorar las particularidades locales, como la informalidad en economías como la peruana, significa subestimar cómo esta puede ser una respuesta a instituciones ineficientes y burocráticas que no funcionan.
Reconocer que las instituciones son esenciales para el desarrollo no debe cegarnos ante la complejidad de construirlas o transformarlas, especialmente en contextos con altos niveles de corrupción, desconfianza pública y debilidad estatal. No saber exactamente cómo no significa que debamos quedarnos de brazos cruzados. Más bien, necesitamos entender las particularidades de cada país al proponer soluciones. Por ello, las instituciones deben responder a las realidades locales. Por ejemplo, implementar sistemas judiciales o regulatorios complejos en economías con baja capacidad estatal puede ser contraproducente. En lugar de imponer modelos ideales, las instituciones deben diseñarse como herramientas para resolver problemas específicos. En el caso del Perú, un desafío crucial es integrar su amplia y multidimensional informalidad en un marco institucional funcional.
Es fundamental entender que las instituciones no surgen perfectas, pero pueden evolucionar con el tiempo. Los milagros económicos del sudeste asiático demuestran que muchas economías comenzaron con instituciones imperfectas y desarrollaron mecanismos para aprender de sus errores. En esa línea, la historia peruana ofrece lecciones valiosas. Desde la mal diseñada reforma agraria y la nacionalización de empresas bajo el régimen de Velasco, pasando por la recuperación de la democracia y el manejo de crisis hiperinflacionarias en los años 80, hasta la implementación de un sólido capítulo económico en la Constitución de los años 90, el Perú ha tenido avances y retrocesos. En la última década los progresos económicos han sido contrarrestados por serios deterioros políticos y sociales. Este recorrido quizá sugiere que el Perú está en un proceso de aprendizaje institucional, estando hoy en un bache crítico que requiere acciones concretas para superarlo.
En este particular contexto, el primer paso sería identificar los principales obstáculos al crecimiento económico. Atender las dolencias ciudadanas requiere una economía en movimiento. Esto implica abordar sectores estancados, mercados disfuncionales y los segmentos sociales más afectados. Las reformas institucionales deben enfocarse en resolver problemas específicos y abandonar planteamientos abstractos o idealistas. Así, un enfoque pragmático basado en prueba y error permitirá iterar hacia un marco institucional de mayor calidad. Y este proceso jamás podrás ser liderado por élites aisladas o grupos que se autoproclaman defensores de la decencia. Más bien, debe involucrar a las mayorías que operan en la economía y la política informal, que representan más del 75% del país.
Por tanto, construir instituciones de calidad no es un proceso lineal ni sencillo. Es necesario abandonar las recetas universales y adoptar soluciones adaptadas a las necesidades concretas del país. El camino hacia una institucionalidad funcional pasa por entender las dolencias locales, actuar sobre ellas y mantener un enfoque pragmático y realista. Sin el necesario cable a tierra; es decir, sin conexión con las realidades sociales, económicas y políticas del país, cualquier esfuerzo por mejorar las instituciones está destinado al fracaso.
Es en el terreno, entendiendo las dinámicas informales que ayude a moverlos a un marco formal que funcione, y abordando las necesidades urgentes de crecimiento, donde se podrán construir las instituciones que el Perú necesita. Al final, el desafío no es solo saber qué hacer, sino también aprender cómo lograrlo en la realidad que vivimos.
