Escribe: Jorge Toyama Miyagusuku, Socio de Vinatea & Toyama
El principal problema del país y de las empresas sin importar su tamaño, ubicación o sector, no es solo la inflación, la competencia global o la incertidumbre política. Hoy es la grave inseguridad ciudadana que cierra los negocios, frena las inversiones, eleva los costos y pone en riesgo la salud y la vida de las personas.
¿Cómo afecta a las relaciones laborales? De muchas maneras. El reciente paro de transportistas en Lima afectó, por ejemplo, a las empresas de transporte y de otros sectores que no tuvieron al 100% a su personal. También afectó a los que no recibieron sueldos ese día (choferes, mecánicos, cobradores), a los independientes y emprendedores que viven del transporte (ambulantes, jaladores) y a quienes no llegaron a trabajar o, si lo hicieron, tuvieron que gastar más en pasajes. La declaratoria de emergencia en 14 distritos de Lima afectará también. Si no funciona, todos perderemos.
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La inseguridad ciudadana, además, afecta directamente la inversión. Algunas empresas afectadas pueden pensar en ubicar sus centros laborales fuera del Perú. Sectores como el turismo, comercio, restaurantes y esparcimiento ya sufren la reducción de turistas. Hay varias empresas de transporte, comercio, agricultura y construcción que están desinvirtiendo por la imposibilidad de enfrentar las extorsiones, las amenazas y los atentados constantes, los que hacen inviable cualquier negocio.
De otro lado, la delincuencia y la violencia generan más informalidad. Contar con un local formal, licencias o con un RUC, ahora generan vulnerabilidad al riesgo. La informalidad terminaría siendo un refugio contra la inseguridad. Asimismo, las empresas deben protegerse. Los costos de la seguridad, protección y vigilancia privada se incrementan. Esos costos reducen presupuestos para otros temas importantes como nuevas contrataciones, formación y desarrollo del personal, innovación o aumentos de sueldos; además, reducen las posibilidades de ampliar las inversiones.
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Personalmente, conozco dos casos en los cuales el nivel de delincuencia es tal que la cantidad de vigilantes de empresas especializadas supera al número de personal propio. Hay más cuidadores que trabajadores. O casos donde los incrementos de sueldos y costos de seguros para el personal de seguridad son mayores a los de la planilla de la empresa principal. Igualmente, dentro de las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, ya se incorporan módulos de prevención en seguridad. La situación impone una cultura de protección para evitar asaltos, se hacen simulacros de extorsión, políticas de “blindaje de seguridad”, protocolos para proteger a clientes, botones de pánico, prácticas para evitar situaciones de riesgo o de sospecha y la incorporación de profesionales altamente calificados para gestionar la seguridad en la organización.
La violencia también afecta a los trabajadores y dirigentes sindicales, quienes son víctimas de asaltos, amenazas y extorsiones. Hay empresas que destinan presupuestos adicionales para “viáticos” (léase cupos) de vendedores y cobradores. La violencia y criminalidad es tal que lamentablemente ha cobrado la vida de trabajadores y dirigentes sindicales. La falta de seguridad también afecta la atracción del talento. Zonas o lugares inseguros tienen menores postulantes. Hay empresas que deben brindar transporte seguro para llegar al centro laboral o deben prohibir ingresos o salidas en horarios peligrosos o pagar un “bono por zona de riesgo” (en la época del terrorismo se hizo común el “bono por zona de emergencia o zona roja”). Y hasta una empresa considera construir un campamento urbano para reducir la movilidad de trabajadores y la exposición al peligro y otra evalúa contratar un seguro contra “robos menores” de sus cobradores.
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El talento peruano fuga. Los estudiantes migran, los mejores técnicos y gerentes también buscan oportunidades en otros países. Una de las razones es la falta de seguridad. La retención del talento tiene otro reto: evitar que los mejores trabajadores, los puestos críticos o claves, los futuros líderes, abandonen el país. Quienes se quedan tampoco están tranquilos. Desde tensiones y estrés, los conflictos están a la orden del día, ausentismo, rotación para evitar aextorsiones, préstamos para cubrir “deudas”, discriminación por nacionalidad en los centros de labores, preocupaciones por asaltos, impactan en la motivación y generan incertidumbre. Nadie puede trabajar tranquilo. Y la falta de estabilidad emocional afecta el rendimiento, golpea la productividad.
¿Qué podemos hacer?
Estamos ante un grave problema nacional y el país demanda acciones concretas. La alianza público-privada es indispensable. Primero: debemos trabajar conjuntamente Estado, empresas, emprendedores y sindicatos para generar comunidades de seguridad, con protocolos de prevención, patrullajes, etc. Buscar soluciones conjuntas contra la delincuencia como se hizo en construcción civil. Gracias al trabajo de la CGTP, Capeco y el Estado, gran parte de la actividad se formalizó transparentando a los trabajadores agremiados a la federación. Segundo: monitorear los riesgos psicosociales de los trabajadores, brindando confianza, las mejores condiciones de seguridad pero también supervisando la seguridad interna para evitar contrataciones que puedan exponer la seguridad.
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Finalmente, desde su rol, las empresas pueden reforzar e impulsar entre los trabajadores y sus familias una cultura de respeto con dos reglas básicas: tratar a los demás como nos gustaría que nos traten y lo que no es de uno es de otra persona.
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