Hacia finales de los años noventa, el Perú tomó una decisión institucional importante: crear organismos reguladores de servicios públicos autónomos, que fueran neutrales respecto a los tres grupos de interés que normalmente entran en conflicto en este tipo de industrias: los políticos, los inversionistas privados y los consumidores o usuarios. Fue una apuesta correcta.
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Pero han pasado más de treinta años y el mundo ha cambiado. La OCDE periódicamente emite informes evaluando a nuestros reguladores con recomendaciones que debemos atender. Y los números de su desempeño reciente nos obligan a una reflexión seria.
La OCDE sugiere mejorar el entendimiento preciso de su rol de árbitro entre el Estado, el sector privado y los usuarios, y la necesidad de que estén más orientados a la regulación económica. (Foto: EFE)
Veamos los datos del Informe de Competitividad 2024-2025 del Consejo Privado de Competitividad. En sus informes a contratos de concesión, el Ositrán dedica apenas el 24% de sus observaciones a temas sectoriales propios. El Osinergmin, 41%. El Osiptel, 50%. El resto –69% del total– se pierde en generalidades que otros actores ya revisan. Es decir, tenemos reguladores que, en buena medida, están haciendo el trabajo de otros o repitiendo lo que otros ya hicieron.
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El caso del Osiptel merece una mención aparte, porque ilustra un fenómeno preocupante: el escalamiento sancionatorio. Entre el 2011 y 2019, las multas impuestas a las empresas de telecomunicaciones promediaban S/ 16 millones anuales. Pasamos de S/ 16 millones al año a S/ 233 millones en poco más de una década. La pregunta de fondo es si este escalamiento refleja un sector que incumple cada vez más –difícil de sostener cuando la cobertura y calidad han mejorado notablemente– o un aparato fiscalizador que ha ido acumulando obligaciones normativas cuyo incumplimiento genera sanciones casi automáticas.
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¿Qué recomiendan los expertos? La OCDE sugiere mejorar el entendimiento preciso de su rol de árbitro entre el Estado, el sector privado y los usuarios, y la necesidad de que estén más orientados a la regulación económica. También recomienda evaluar el riesgo de incumplimiento y priorizar el fin último de la sanción, que es corregir conductas que generan externalidades negativas. No sancionar por sancionar. Y revisar de manera independiente las sanciones que se imponen, algo que hoy no sucede en algunos reguladores porque la instancia revisora administrativa está dentro de la misma estructura.
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Las propuestas son claras. Necesitamos mejorar la forma en que se eligen sus consejos directivos, protegerlos de remociones arbitrarias y garantizar su independencia presupuestal. Hay que separar claramente las funciones de investigación y sanción. En el rol regulatorio, se recomienda tener una agenda temprana consensuada y hacer un análisis regulatorio prolijo, tanto ex ante como ex post. Regular con buenas intenciones no es suficiente; deben evaluarse los costos y beneficios de cada norma que se impone a los mercados. La regulación debe ser el último recurso, no el propósito.
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Hay que reconocer lo que estos organismos han cumplido en ofrecer un marco institucional adecuado para la inversión en infraestructuras de servicios públicos. Pero treinta años después de su creación, necesitamos repensar algunos ajustes. No se trata de debilitarlos, sino de fortalecerlos para que hagan bien lo que les corresponde, y dejen de hacer lo que no les toca.
Leonie Roca es presidenta en la AFIN.
