En los últimos años, la relación entre las empresas y la administración tributaria en el Perú ha experimentado una transformación significativa. Lo que anteriormente era considerado solo principalmente bajo un ámbito de cumplimiento normativo, se ha convertido hoy en un factor estratégico de gestión de riesgos empresariales.
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Diversos análisis del sector privado sostienen que la denominada “variable tributaria” ha dejado de ser únicamente un costo administrativo para convertirse en una fuente de incertidumbre que puede afectar inclusive la estabilidad financiera.
Uno de los elementos centrales del debate es la aplicación de la Norma Antielusiva General.(Fuente: El Peruano)
Esta percepción responde, en gran medida, a la creciente imprevisibilidad en la aplicación de criterios fiscales. Cuando las empresas perciben que las interpretaciones administrativas no mantienen coherencia o consistencia técnica, el cumplimiento tributario deja de ser un proceso previsible.
La brecha entre la norma y la interpretación administrativa
Uno de los elementos centrales del debate es la aplicación de la Norma Antielusiva General. En principio, este instrumento responde a estándares internacionales destinados a evitar prácticas de planificación fiscal agresiva. No obstante, en la práctica, se ha observado que su aplicación puede generar tensiones cuando la administración prioriza interpretaciones estrictas que no siempre consideran la “sustancia económica” de las operaciones empresariales.
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Este fenómeno evidencia una brecha creciente entre el diseño técnico de la norma y la forma en que es aplicada durante los procesos de fiscalización. El problema no radica necesariamente en la existencia de facultades de control por parte de la administración tributaria, sino en la percepción de discrecionalidad que surge cuando los criterios utilizados varían entre casos similares o cuando las instancias resolutoras no mantienen una línea interpretativa consistente.
Casos ilustrativos de fricción
Existen diversos casos en los que esta tensión se manifiesta con particular claridad. Uno de ellos es el tratamiento de las cuentas de cobranza dudosa.
Aunque la legislación permite deducir estas pérdidas cuando se demuestra la dificultad de recuperación, en la práctica se ha señalado que los estándares probatorios exigidos por la administración pueden resultar excesivos. Esta situación obliga a las empresas a mantener en sus balances activos cuyo valor económico real es cuestionable, generando distorsiones contables y fiscales.
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Otro ámbito de controversia se encuentra en la fiscalización de los gastos financieros. Las decisiones de endeudamiento forman parte de la estrategia de optimización del costo de capital de una empresa. Sin embargo, cuando estas operaciones son evaluadas bajo interpretaciones restrictivas del principio de causalidad, pueden surgir cuestionamientos que afectan la estructura financiera de proyectos de inversión. En consecuencia, la incertidumbre no solo impacta la tributación inmediata, sino también la viabilidad de iniciativas de crecimiento.
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Asimismo, el uso de instrumentos de cobertura financiera ha generado revisiones exhaustivas en los periodos en que dichos instrumentos producen pérdidas.
Debilitamiento institucional y efectos sobre la seguridad jurídica
La problemática se agrava cuando se analiza el contexto institucional en el que se desarrolla la fiscalización tributaria. A pesar de que el gasto en personal de la administración ha aumentado significativamente en los últimos años, la presión tributaria se ha mantenido relativamente estancada. Este fenómeno sugiere que el incremento de la actividad fiscalizadora no necesariamente se traduce en mejoras estructurales de la recaudación.
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A ello se suma la persistencia de altos niveles de evasión tributaria, particularmente en el impuesto general a las ventas. La combinación de evasión elevada y fiscalización percibida como imprevisible genera un escenario complejo: mientras el Estado enfrenta dificultades para ampliar su base tributaria, las empresas formales soportan mayores niveles de escrutinio y riesgo regulatorio.
Hacia un sistema tributario más previsible y eficiente
Frente a este panorama, resulta indispensable promover reformas orientadas a fortalecer la confianza entre el sector privado y la administración tributaria.
Desde la perspectiva empresarial, una de las estrategias recomendadas consiste en reforzar los mecanismos de gobierno corporativo tributario, documentando de manera rigurosa las decisiones económicas que podrían ser objeto de revisión fiscal.
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Sin embargo, la solución no depende exclusivamente de las empresas. También es necesario que la administración evolucione hacia indicadores de desempeño que prioricen la recaudación firme y no litigiosa, en lugar de métricas centradas únicamente en el monto de ajustes determinados durante las fiscalizaciones.
La digitalización de los procesos podría utilizarse para identificar riesgos de manera temprana y promover auditorías más objetivas y transparentes.
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira es catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC y director de la Maestría en Tributación de la UPC.
