Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto
Imagine una empresa privada donde los accionistas archivan los estados financieros sin explicación. Esa empresa perdería credibilidad y ningún inversionista serio confiaría en ella. Algo similar ocurre en el Perú con la Cuenta General de la República (CGR), nuestro “balance anual”.
La CGR registra ingresos, gastos, deuda pública, inversión social e infraestructura, y evalúa la ejecución presupuestal. En 2024, el Estado recaudó más de 300 mil millones de soles y gastó más de 317 mil; la inversión pública alcanzó 80.7% de ejecución, mejor que el año anterior, aunque con proyectos inconclusos.
Más allá de activos y pasivos, la CGR expone contingencias críticas: pensiones crecientes, juicios contra el Estado, arbitrajes nacionales e internacionales, y obligaciones contractuales arrastradas. En el 2024, por ejemplo, el Estado reportó S/ 53,650 millones en procesos judiciales sin sentencia y S/ 27,333 millones con sentencia. Estas cifras reflejan pasivos contingentes que podrían impactar fuertemente el presupuesto de los próximos años. En suma, la CGR es la radiografía más completa de la salud fiscal del país.
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La Constitución obliga a aprobarla cada año hasta el 30 de octubre, y el Tribunal Constitucional ha precisado que, tanto la Ley de Presupuesto como la CGR, son “leyes especiales” de aprobación obligatoria. No es un acto discrecional, sino un mandato.
Sin embargo, el Parlamento incumple de manera sistemática. Desde el 2009, solo tres veces la CGR se convirtió en ley; el resto de los años fue archivada sin sustento legal. La “excusa” esgrimida ha sido que la Contraloría encuentra observaciones, muchas de ellas menores o sin mayor significado, que ya fueron levantadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Así, además de violar la Constitución, el Congreso se esconde detrás de tecnicismos para evitar un deber elemental de rendición de cuentas.
Las consecuencias son graves. Una CGR sin aprobación oficial convierte los balances estatales en documentos sin respaldo institucional. Y lo más preocupante: deja sin validación oficial contingencias que representan riesgos fiscales reales, como los compromisos previsionales, judiciales, contractuales y de arbitraje. Al omitir su aprobación, el Congreso ignora responsabilidades que pueden condicionar presupuestos futuros y afectar servicios básicos.
El impacto trasciende lo nacional. El Perú busca ingresar a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que ya desde el 2012 ha expresado su preocupación por la falta de aprobación de la CGR. Difícilmente seremos admitidos en un grupo que exige disciplina fiscal y rendición de cuentas si ni siquiera validamos nuestras propias finanzas.
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El plazo es claro: la CGR 2024 debe aprobarse antes de que culmine octubre. Si el Congreso vuelve a incumplir, no solo violará la Constitución y desconocerá interpretaciones del Tribunal Constitucional, sino que seguirá debilitando la rendición de cuentas, ocultando riesgos fiscales y alejándonos de la OCDE.
La transparencia no puede ser un eslogan. La CGR muestra no solo qué se hizo con los recursos públicos, sino también deudas ocultas y riesgos futuros. Cuando el Congreso se niega a aprobarla, incumple su deber y le da la espalda a los ciudadanos, verdaderos accionistas del país.
La pregunta es clara: ¿seguirá el Congreso esquivando su obligación o asumirá, por fin, la responsabilidad que la Constitución le impone? Lo que está en juego no son solo cifras, sino la confianza en que el dinero de todos los peruanos se maneja con orden, transparencia y responsabilidad.
