Escribe: Mónica Pizarro Díaz, socia del Estudio Echecopar
El Congreso ha aprobado en primera votación un proyecto de ley para modificar el reparto de utilidades entre los trabajadores. Este tendrá que ser aprobado en una segunda votación y enviado al Poder Ejecutivo, antes de convertirse en ley.
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El objetivo del proyecto sería beneficiar a los trabajadores de menores ingresos. Con este supuesto fin, se plantea una nueva fórmula de distribución: 75% en función de los días laborados y 25% según la remuneración percibida (actualmente el 50% se reparte en función de los días y 50% de las remuneraciones).
Al darle mayor peso al número de días trabajados, el proyecto beneficiará a los trabajadores de menores ingresos. Pero, ¿es positivo? Lamentablemente, el dictamen del proyecto no contiene ningún sustento técnico que lo respalde. Incluso el Ministerio de Trabajo ha opinado que “la iniciativa legislativa no es viable, ya que no contiene información actualizada que fundamente correctamente la necesidad de la propuesta”.
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El texto del dictamen se limita a afirmar que la iniciativa beneficiaría a más de tres millones de trabajadores del sector privado formal que perciben una remuneración mensual menor a cinco mil soles. Pero esto es falso. Muchos de esos trabajadores trabajan en empresas de 20 o menos empleados, en empresas que no obtienen beneficios o en entidades sin fines de lucro; todos estos, empleadores que no reparten utilidades. Además, hay empresas en las que los trabajadores con un ingreso cercano a los cinco mil soles pertenecerán al grupo mejor remunerado. Por lo tanto, no es claro cuántos trabajadores se beneficiarían con esta iniciativa ni de qué manera.
Adicionalmente, el proyecto prevé que se considere como días laborados para el reparto, toda licencia remunerada, cualquiera sea su naturaleza. Así, se brinda un mayor acceso al beneficio a trabajadores que no han contribuido a generar utilidades, sin distinguir la causa y sin ninguna justificación. Incluso, al hablar de “licencias remuneradas”, el proyecto excluye a los días de descanso por enfermedad profesional o accidente de trabajo en los que se reciba subsidio, desprotegiendo a las personas que actualmente sí reciben participación en utilidades por esos días.
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Considerando que la baja productividad de los trabajadores es uno de los principales problemas del país, hubiese sido más interesante que se incluyera el desempeño como variable de cálculo, para premiar la productividad. Si bien incorporar el desempeño como factor de cálculo podría ser complejo, se podría permitir que los empleadores voluntariamente decidan repartir un porcentaje de sus utilidades aplicando este factor. Esto además es razonable ya que los trabajadores con mejor desempeño suelen contribuir más a generar las utilidades a repartir.
Asimismo, con relación a los días trabajados, resulta más razonable mantener el esquema de la norma actual y solo considerar como trabajadas ciertas licencias por excepción, atendiendo a ciertas circunstancias especiales (como la maternidad o el accidente de trabajo).
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Finalmente, el proyecto también propone incrementar el porcentaje de utilidades que deben repartir las empresas industriales eléctricas a 10%, apoyándose en tres puntos: (i) la alta desigualdad en el país, (ii) el incremento de la productividad laboral media desde 1998 y (iii) el incremento de utilidades en dos empresas del sector eléctrico.
Al respecto, el hecho de que los trabajadores formales de las empresas eléctricas, que ya tienen un sistema de protección laboral, perciban mayores utilidades no impactará la desigualdad general en el país. Tampoco se explica por qué la mayor productividad de los trabajadores peruanos en comparación a 1998, o que dos empresas hayan incrementado sus ingresos, justifica que los trabajadores del sector eléctrico reciban más utilidades.
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En cambio, el propio dictamen reconoce como una desventaja que existirán “menores incentivos económicos de reinversión privada en el sector eléctrico”. Sería lamentable que se apruebe una iniciativa legislativa que no tiene sustento técnico y que tendrá un efecto negativo en un sector clave para la economía peruana.
