La trigésima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) se realizó del 10 al 21 de noviembre en la ciudad brasileña de Belém do Pará, muy cerca de la desembocadura del río Amazonas. Al tratarse de una ciudad ubicada en la Amazonía, que es una de las regiones más perjudicadas por el cambio climático, se creyó que asistiría una considerable cantidad de gobernantes, pero más de 160 optaron por quedarse en casa. Entre los ausentes figuró el presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha retirado a su Gobierno del proceso climático.
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Tampoco estuvo presente el presidente José Jerí, así que la delegación peruana estuvo encabezada por el titular del Ministerio del Ambiente (Minam), Miguel Ángel Espichán, y altos funcionarios de su despacho. Como suele ocurrir, el Perú presentó metas muy ambiciosas para reducir los efectos del cambio climático en el país, pero resulta que no representan cambios significativos respecto a las presentadas en ediciones anteriores de la cumbre. Según nota de prensa del Minam, la conservación de los bosques fue el eje central de la agenda peruana, ya que el 60% del territorio nacional está cubierto por dichos ecosistemas.
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Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la narrativa de los representantes peruanos no habría tomado en cuenta a las economías ilegales, cuya acción depredadora continúa deforestando los bosques que el Estado asegura que está protegiendo. La minería ilegal (e informal) –sobre todo la aurífera–, y la tala indiscriminada avanzan porque ningún Gobierno se ha atrevido a implementar medidas efectivas. Por ejemplo, la minería ilegal no fue considerada por el Congreso en la definición del delito de “criminalidad sistémica”, cuya pena es cadena perpetua. La pena máxima que enfrentan los mineros ilegales es de ocho años (diez años si usan niños). Cabría preguntar a la Fiscalía y al Poder Judicial cuántos investigados, enjuiciados y sentenciados existen por ese delito.
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Pero los bosques no son los únicos desprotegidos por el Estado pues también lo están las comunidades amazónicas. Según la Defensoría, hay 23 casos de asesinatos de dirigentes y activistas en los últimos once años que esperan justicia. Mientras tanto, la transición energética no figura en el discurso oficial, pese a que el Perú posee insumos fundamentales para ese proceso (cobre, tierras raras, litio), así como un enorme potencial para las energías renovables. En otros países, los vehículos eléctricos ganan presencia, pero en el Perú, ese sector sigue en pañales. Así estamos.
