Escribe: Leonie Roca, presidenta de la AFIN
La indiferencia, la apatía, la comodidad de mirar desde fuera, nos van a continuar pasando factura. Un país que no ofrece un piso mínimo de servicios públicos a su gente, no tiene forma de exigir patriotismo, compromiso, orgullo. Mientras los peruanos sientan que el Estado es algo que está ahí pero no para ellos, difícilmente dejaremos de ser este conglomerado de gente que no termina de configurar una Nación y de encontrar caminos para prosperar.
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Por eso es que tenemos que seguir levantando la voz sobre problemas que tienen solución y que no son enfrentados por desidia, por incompetencia y, por qué no, por corrupción. Veamos solo tres temas.
- Miles de millones de dólares de inversión atracados por demoras en aprobaciones técnicas. ¿Qué se necesita? Equipos completos de ingenieros, contratados meritocráticamente, con estabilidad en sus puestos. Hay dinero para ello. Bastaría con usar el Fondo de Apoyo Gerencial para estos fines, en lugar de llenar ministerios de asesores o abogados que no agregan ningún valor. También podría pensarse, aquí sí, en contratar una PMO solo para revisión y aprobación de ingenierías, expedientes y estos temas técnicos.
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- Propuestas de inversión que se demoran años en ser aprobadas o encuentran dificultades absurdas para ser ejecutadas. Desde la ampliación del contrato de la red vial que permitiría mejorar la conectividad con el puerto de Chancay con una adenda con el concesionario actual y financiarla al 100% con el sector privado, hasta la interesantísima propuesta de Cálidda de extender su contrato de concesión y encargarse de la distribución de gas en regiones que tienen años esperando este servicio. También escuché hace poco de una propuesta de un distribuidor eléctrico para asumir algunas empresas regionales de distribución eléctrica que funcionan tan mal, que incluso deterioran el servicio de telecomunicaciones por las fluctuaciones del fluido eléctrico. ¿Se puede relicitar como proponen algunos? Por supuesto que sí, pero esos procesos toman años en estructuraciones y las necesidades están a la vista.
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- Un sistema de control e instancias jurisdiccionales arbitrarias. Asustan, asfixian, paralizan. Hay varios artículos periodísticos y testimonios en las redes que denuncian estos abusos. Funcionarios públicos que tienen que defenderse por años ante imputaciones iniciadas por auditores que se pronuncian sobre aspectos técnicos en los que no tienen competencia. La sola denuncia termina abriendo procesos fiscales, y luego penales, interminables. Así no encontraremos gente que trabaje en el Estado con ánimo de firmar y resolver. El nuevo Contralor tiene un tremendo reto de revertir esta situación.
Por las ranuras de las paredes rotas de nuestro sistema se cuela la corrupción. Cada cosa que funciona mal, es un espacio para pedir favores para que funcione mejor. Esto tiene que parar.
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