El Congreso acordó, por mayoría, extender por cuatro años la ley que formaliza los autos colectivos. Desde el parlamento, alegan que la iniciativa busca atender la elevada demanda diaria en puntos críticos como Lima Metropolitana, ¿Cuán prudente es la medida considerando el caos vehicular?
Edwin Derteano, presidente de la Alianza Empresarial para el Transporte Terrestre, considera que el Congreso se ha aliado con sectores informales en desmedro del orden del tránsito en la capital. “Se seguirá propiciando la informalidad y atomización de vehículos chicos que congestionan Lima a niveles que terminan duplicando o triplicando los tiempos de viaje”, refirió.
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De acuerdo con cálculos sectoriales, más de 200,000 autos se dedican al transporte colectivo pero dichas actividades se realizan en arterias que deberían acortar los tiempos para desplazarse en la ciudad. En la práctica, cada vez “es más estresante” —refiere Derteano—, quien recordó que la velocidad promedio para desplazarse en Lima es de 9 kilómetros por hora: una cifra muy baja.
“Incluso es una contradicción lo que hace el Congreso considerando que se quiere declarar en emergencia el transporte en Lima y Callao. Pareciese que le dicen sí a todo el mundo ¿Qué empresa querrá invertir en buses y corredores cuando estarán (las avenidas) repletas de colectivos?”, reflexionó para Gestión.
¿Es justa la ley?
Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, indicó que el Congreso hace bien en formalizar “a un sector golpeado y pujante”.
“Alienta el desarrollo económico porque somos pequeños empresarios que buscamos mantener la economía de nuestras familias. No existe orden para el desplazamiento de colectivos. Necesitamos una buena regulación”, mencionó.
Vale acotar que en la ley los autos colectivos son los de la clasificación M1, con carrocerías, peso neto, cilindrada mínima, potencia del motor y demás características que resguardan la “seguridad, la sostenibilidad ambiental y otros que garanticen la idoneidad del servicio”.
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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) se encargará en el plazo máximo de seis meses contados a partir de la vigencia de la ley de las evaluaciones técnicas de la oferta, demanda y condiciones de infraestructura vial, así como de las rutas concesionadas y no concesionadas.
“El 80% del Perú es informal por la falta de estabilidad jurídica. Es saludable que se establezca una ruta para ver por dónde iremos porque se atenderá la demanda de la ciudadanía”, acotó Campos.
Periodista con más de 5 años de experiencia en la cobertura de coyuntura económica e informes especiales en prensa escrita y digital.
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