
La exclusión de más de 50 mil mineros artesanales del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha detonado protestas y bloqueos en diversas regiones del país. La medida, adoptada por el Gobierno luego de que no cumplieron con los requisitos técnicos o legales para formalizarse, ha sido cuestionada por autoridades locales como Aldo Mariño, alcalde de la provincia de Pataz (La Libertad), una de las zonas más golpeadas por los conflictos vinculados a la minería.
“Hay mucha indolencia en el Ejecutivo. Tienes a mineros artesanales, 15 días reclamando frente al Congreso, y no ha tenido la capacidad de atender una mesa de diálogo y escuchar su problemática. ¿Qué está pasando? Parece que no tuviéramos gobierno central”, cuestionó el burgomaestre, en entrevista con Cuentas Claras, de Canal N.
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Mariño defendió al minero artesanal. “Hay que exterminar la minería ilegal, pero empoderar al minero artesanal, porque es un emprendedor”. Para el alcalde, el problema de fondo es que el proceso de formalización está diseñado para que fracase.
“Para formalizarte necesitas el contrato que te da la empresa, que tiene la concesión. Mientras no te den ese contrato, nunca se va a formalizar”, sostuvo.
Frente a quienes cuestionan el impacto ambiental o los presuntos intereses millonarios detrás de la minería artesanal, el alcalde respondió: “Muchos mineros artesanales han dado educación a sus hijos, han mejorado su calidad de vida. Eso parece incómodo para algunos. ¿Qué porcentaje de los trabajadores de la minería grande son patacinos?”.

Consultado sobre si con estos argumentos está justificando actividades ilegales, Mariño fue enfático. “Apuesto porque se sepulte, termine y extermine la minería ilegal, pero empoderemos al minero artesanal. Si le pones un candado, así pasen 100 años nunca podrán formalizarse, porque necesitan el contrato de quien tiene la concesión, y eso nunca se le preguntó a la población”, remarcó.
El alcalde reconoció que dentro de los excluidos del Reinfo hay personas que probablemente nunca buscaron formalizarse, pero pidió que no se generalice.
Criminalidad y minería
La violencia asociada a la minería ilegal también ha golpeado a Pataz. En los últimos meses, 39 trabajadores han sido asesinados en esta provincia. Para Mariño, el problema de seguridad está vinculado a la falta de presencia estatal y pidió que se refuerce la inteligencia policial.
“Esperemos que en este último decreto de ampliación de estado de emergencia y toque de queda, hayan adicionado servicio de inteligencia y podamos resolver quiénes integran las bandas criminales”, señaló. Y agregó que “Pataz siempre fue segura. Es inseguro donde las rondas campesinas no pueden llegar, y no pueden ingresar en la empresa privada”.
Cuando se le preguntó si responsabiliza a la minera La Poderosa por estos crímenes, respondió: “Quiero que investiguen a todos. Quiero saber quiénes están detrás de los asesinatos, de los que se conocen y los que no”.
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“Todo aquel que contamina y destruya la naturaleza es ilegal. Quisiera que la OEFA o el Minem llegue a Pataz y verifique quién está contaminando el río Marañón”, manifestó.
Mariño insistió en que no está justificando actividades fuera de la ley, pero exige un enfoque diferenciado y realista. “No estoy exculpando a los mineros ilegales. He dicho que todos aquellos que causaron la muerte son ilegales. Pero quiero saber quiénes fueron los cómplices y quiénes están detrás de los asesinatos”, concluyó.