El proyecto de ley N.° 1822/2024-CR, presentado el 2 de julio por el congresista Jorge Luis Flores Ancachi, propone modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley N.º 26834) para permitir actividades extractivas de hidrocarburos en zonas que hoy cuentan con máxima protección legal, como los parques nacionales Manu y Bahuaja Sonene, así como los santuarios nacionales e históricos de Megantoni y Machu Picchu.
Según la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), esta medida constituiría un grave retroceso en la legislación ambiental, al subordinar la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos al desarrollo de actividades extractivas. “Legalizaría la extracción de hidrocarburos en espacios intangibles, con alta diversidad biológica, fragilidad ecológica y baja capacidad de recuperación a las transformaciones de actividades extractivas de alto impacto”, advirtió Cristina López, líder de proyecto de DAR.
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El proyecto, actualmente derivado a las comisiones de Energía y Minas, y de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, también propone declarar de interés nacional la ejecución de proyectos de hidrocarburos y la masificación del gas natural en regiones amazónicas como Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín, Pasco, Huánuco y Puno.
No obstante, DAR señala que el texto carece de un sustento técnico y económico sólido que justifique la viabilidad de esta iniciativa. “Un claro ejemplo de ello es el caso del gas de Camisea, que 20 años después no ha podido garantizar ni hacer realidad que el gas llegue a la región Cusco -donde se extrae-ni a los pobladores de los alrededores de dicho lote. Mientras, el 50% del recurso extraído sigue siendo exportado sin que se priorice o demuestre el interés por abastecer el consumo interno”, agregó López.
Otra de las preocupaciones radica en que la norma daría al Consejo de Ministros la facultad de modificar las ANP mediante decreto supremo, así como otorgar opinión técnica vinculante a los ministerios de Energía y Minas, y de la Producción en decisiones sobre creación, reducción y gestión de estas áreas.
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DAR también advierte que el proyecto vulneraría el artículo 68 de la Constitución, que obliga al Estado a promover la conservación de la diversidad biológica y las áreas protegidas, además de contradecir compromisos internacionales asumidos por el Perú, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Convenio de Diversidad Biológica y la Convención Ramsar, entre otros.
Cabe recordar que en junio de 2023, una propuesta similar impulsada por el Ministerio de Energía y Minas y Perupetro fue declarada inviable por el Ministerio del Ambiente.
