El candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, planteó durante el debate presidencial rumbo a las Elecciones 2026 derogar las normas que considera “procrimen” y ejecutar una reforma integral de la Policía Nacional del Perú (PNP), como parte de su estrategia para enfrentar la inseguridad ciudadana.
Durante el bloque de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, el postulante sostuvo que su propuesta se basa en recuperar la autoridad del Estado, reformar la policía y atacar las economías ilegales que financian a las organizaciones criminales.
“Vamos a recuperar la autoridad del Estado, derogaremos todas las leyes procrimen, reformaremos radicalmente la PNP y golpearemos las economías ilegales”, señaló.
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Reforma policial y meritocracia
El candidato explicó que la reforma de la Policía Nacional estaría basada en la meritocracia, lo que implicaría separar a los malos elementos de la institución y premiar a los buenos efectivos.
Según indicó, este modelo debería replicar esquemas de instituciones públicas con alta reputación técnica, como el Banco Central de Reserva, donde recordó, trabajó anteriormente.
“La meritocracia es la palabra clave. Haremos una purga, los malos elementos tendrán que salir. Los buenos serán premiados”, sostuvo.
Asimismo, defendió su propuesta de convertir a la Policía Nacional en un pliego presupuestal independiente, al considerar que ello permitiría mejorar su gestión y fortalecer la institución, siempre que esté acompañada de meritocracia y control interno.
López Chau propuso reformar la Policía, crear un sistema anticorrupción autónomo y becar a estudiantes de alto rendimiento en el extranjero. Foto: Captura TV.
Golpear economías ilegales
López Chau también planteó que la lucha contra la criminalidad debe centrarse en atacar las finanzas y la logística de las organizaciones criminales, incluyendo sus comunicaciones, movilidad, refugios y armamento.
En esa línea, señaló que el combate a la delincuencia debe apoyarse en la investigación, la ciencia y la tecnología, además de una recuperación moral del ejercicio del poder público, al considerar que la corrupción en la política debilita al Estado frente al crimen.
El candidato sostuvo que “sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay empleo y sin empleo no hay dignidad”, por lo que planteó una lucha frontal contra la delincuencia y el crimen organizado como eje de su eventual gobierno.
Escuelas de alto rendimiento y becas al extranjero
En el bloque de pregunta ciudadana, López Chau planteó la creación de escuelas de alto rendimiento en universidades públicas y privadas, donde se seleccionaría a los mejores estudiantes de cada carrera para formar una élite académica orientada al servicio público, la investigación y la docencia universitaria.
El candidato también propuso que parte de estos estudiantes sean becados integralmente para realizar maestrías y doctorados en las mejores universidades del mundo, con el objetivo de elevar la calidad del servicio civil, la gestión pública y la educación superior en el país. Asimismo, planteó que los alumnos de alto rendimiento participen como voluntarios en la enseñanza en universidades a nivel nacional.
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Sistema integral anticorrupción autónomo
En el bloque sobre integridad pública, López Chau propuso la creación de un sistema integral anticorrupción con autonomía real, cuyas autoridades sean elegidas por concurso público. “No me temblará la mano para implementar un sistema integral anticorrupción con autonomía y autoridades elegidas por concurso público, sin ningún sesgo partidario ni dependencia el gobierno”, manifestó.
Según indicó, la corrupción le cuesta al país alrededor de S/ 30,000 millones al año, recursos que podrían destinarse a infraestructura, salud, educación y servicios básicos.
El candidato también planteó el uso de tecnología para detectar irregularidades en contrataciones públicas, como sobrevaloraciones o contratistas recurrentes, así como la posibilidad de congelar contratos sospechosos en un plazo de 48 horas y recuperar el dinero robado, incluso si se encuentra en el extranjero. Además, señaló que los funcionarios que no puedan justificar su patrimonio deberían perder sus bienes, los cuales pasarían al Estado. “Si un servidor público no puede justificar su patrimonio, lo pierde, y ese dinero pasa a programas sociales”, sentenció.
