
La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público declaró improcedentes varias pruebas presentadas por los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, en el marco de los procesos disciplinarios que enfrentan por su actuación en el caso Odebrecht.
Mediante las resoluciones N.° 315-2025-ANC-MP-DGPD-DPD y N.° 345-2025-ANC-MP-DGPD-DPD, el órgano de control reactivó formalmente las investigaciones abiertas contra ambos magistrados del Equipo Especial Lava Jato y descartó la utilidad, pertinencia o conducencia de diversos medios probatorios.
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Entre las pruebas rechazadas figuran declaraciones de exfiscales de la Nación como Zoraida Ávalos, Patricia Benavides y Pablo Sánchez, así como informes internacionales, transcripciones de entrevistas periodísticas e incluso documentos presentados en calidad de amicus curiae.
La ANC consideró que dichos elementos no guardan una relación directa con los hechos imputados o ya han sido acreditados por otras vías. Por tanto, no serán considerados durante el desarrollo del proceso disciplinario, lo que podría afectar la línea de defensa de los fiscales investigados.
Antecedentes del caso
El proceso disciplinario se remonta a febrero de 2023, cuando los fiscales Vela y Pérez no participaron en la entrega del expresidente Alejandro Toledo, pese a que el equipo especial tenía a su cargo investigaciones vinculadas al caso Ecoteva. La entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, lideró el acto, lo que generó tensiones internas por una supuesta invasión de competencias.
Además, las declaraciones públicas que ofrecieron ambos fiscales tras ese episodio también forman parte de la investigación disciplinaria, al considerar que podrían haber infringido las normas internas del Ministerio Público.

Decisión bajo cuestionamientos
La decisión se produce tras una ampliación del plazo de diligencias por 60 días hábiles, autorizada en mayo, luego de que varios medios probatorios fueran presentados entre febrero y marzo de este año.
En su argumentación, la ANC señaló que las entrevistas difundidas por medios como Willax o Panamericana, así como documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no califican como elementos probatorios formales ni se relacionan directamente con los hechos materia de investigación.
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La resolución también descartó otros documentos vinculados a la libertad de expresión y la defensa institucional del Ministerio Público, al considerar que no aportan elementos concretos para determinar la existencia o no de infracciones disciplinarias.
Pese a ello, los procesos contra Vela y Pérez continúan abiertos, con nuevos plazos para evaluar otras diligencias pendientes.