El Gobierno aprobó la Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor al 2030, mediante el Decreto Supremo N.º 075-2025-PCM, con el objetivo de mejorar la protección de los derechos de los consumidores y adaptarse a los cambios del entorno de consumo.
La norma fue elaborada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Consejo Nacional de Protección del Consumidor (CNPC), presidido por el Indecopi.
A diferencia de la primera política, vigente desde 2016, esta nueva versión enfatiza el empoderamiento del consumidor, la atención a grupos vulnerables, el impulso del comercio digital y la promoción de un consumo responsable.
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Entre los objetivos estratégicos destacan: reducir el desconocimiento de derechos, garantizar información accesible para decisiones de consumo, aumentar el cumplimiento de los proveedores, mejorar los mecanismos de solución de conflictos y fortalecer la coordinación entre entidades públicas que integran el Sistema Nacional de Protección del Consumidor.
Según cifras oficiales, los conflictos de consumo pasaron de 1.7 millones de reclamos en 2012 a más de 5.2 millones en 2023, lo que evidencia un aumento sostenido de las controversias entre ciudadanos y proveedores.
La elaboración del documento contó con asistencia técnica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), y participan 11 entidades públicas responsables de implementar los servicios necesarios para cumplir las metas al 2030.
