A 850 kilómetros de Lima, en la provincia arequipeña de Caravelí, un nuevo conflicto minero está en plena ebullición. Se trata del centro minero de Atico, donde las bases Calpa Renace y Atico Calpa —ambas inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo)— denuncian el avance sistemático de la minería ilegal que, aseguran, busca tomar por la fuerza los socavones en los que han realizado inversiones millonarias.
La situación recuerda al caso de Pataz, en La Libertad, donde hace apenas unas semanas fueron asesinados 13 mineros. Atico, con antecedentes de violencia extrema en 2022 que dejaron 14 muertos, se perfila como un nuevo polvorín del sur. La situación ha encendido las alarmas de autoridades locales y trabajadores, que claman por medidas concretas para evitar otra tragedia, detalla un reportaje de Panorama.
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Minería ilegal: violencia y amenazas
Representantes de ambas bases mineras aseguran haber sido víctimas de múltiples amenazas, actos de intimidación y ataques a su infraestructura. “Estamos asustados porque en cualquier momento pueden ingresar y emboscarnos en el socavón”, advierte Daniel Huallichiquera, representante de la base Atico Calpa.
De acuerdo con testimonios recogidos por Panorama, los mineros ilegales estarían organizados y armados, con el objetivo de tomar control de los campamentos artesanales. Las denuncias incluyen quema de camionetas, extorsiones y coacción directa a trabajadores. “Tenemos el temor de que las mafias vengan a las bases mineras. Esta gente quiere subir y apropiarse de la inversión de los trabajadores (...) Vienen con la intención de despojarnos”, señala Cristian Laura López, de Calpa Renace.
Daniel Huallichiquera, vocero de la base Atico Calpa, señala que son varias las veces que han recibido amenazas. Foto: Captura Panorama.
¿Estado de emergencia?: posiciones divididas
Ante la escalada de tensión, el alcalde de Atico, Julio Candia, ha solicitado la declaración de estado de emergencia. “No queremos repetir la tragedia del 2022”, afirma. Sin embargo, desde las bases mineras hay resistencia a esta medida, por temor a que, como ocurrió en Pataz, se paralicen las actividades formales y se beneficie a concesionarios más grandes.
“El estado de emergencia lastimosamente, en otras ciudades como Pataz, se ha mal utilizado, perjudicando a la población. Declaran el estado de emergencia y luego la suspensión de Reinfos. Estamos indicando que Intigold Mining estaría relacionado en este conflicto que quieren generar en la zona”, sostiene Hugo Pacheco, abogado de Calpa Renace.
Conflicto de alto riesgo
La disputa gira en torno a una concesión minera ocupada por ambas bases formales. Aunque en el pasado existieron enfrentamientos entre ellas —e incluso se les vinculó con el conflicto del 2022— hoy aseguran estar unidas frente a una amenaza común: el avance del crimen organizado en la minería ilegal.
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Según Pacheco, existe incluso una campaña legal para eliminar estructuras de seguridad dentro de las concesiones, como garitas y tranqueras, argumentando que bloquean el libre tránsito. “Quieren hacer ver que hay un conflicto donde no lo hay, para que la tranquera, que ve la seguridad dentro de la mina, sea liberada y permita el ingreso de gente inescrupulosa por esa zona con el fin de favorecer la minería ilegal”, sostuvo.
