La morosidad en el pago de las pensiones es una de las preocupaciones de los colegios. Frente a este escenario, en el Congreso de la República se ha presentado un proyecto de ley que busca crear una central de riesgo, al estilo ‘Infocorp’, donde se reporte a los morosos de pensiones en colegios.
La medida busca que los colegios cuenten con esta información al momento de evaluar si permiten el ingreso o no de un nuevo alumno a su institución educativa, indica el proyecto de ley (N° 672), presentado por el diputado de Renovación Popular, Christian Aranda.
La proposición legislativa crea un subregistro de deudas por pensiones escolares, el cual formará parte del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE), a cargo del Ministerio de Educación.
Los colegios podrán reportar al moroso cuando la deuda sea de tres o más pensiones consecutivas impagas. Y la información se mantendrá por dos años como máximo, en caso se mantenga el impago. Pero si la acreencia es cancelada, el colegio retirará ese reporte en un plazo máximo de cinco días hábiles.
“La consulta del subregistro está permitida únicamente a las instituciones educativas privadas de educación básica que cuenten con autorización de funcionamiento vigente y cuando exista una solicitud de matrícula, traslado o reserva de vacante”, señala otro de los artículos del proyecto de ley.
Al respecto, el director fundador del Grupo Educación al Futuro, Justo Zaragoza, refirió que la propuesta busca dar a los colegios una mejor información de los padres de familia con morosidad en el pago de pensiones.
“Muchos padres quedan adeudando a un colegio y cuando termina el año se van sin cancelar y ponen a sus hijos en otro colegio. El nuevo colegio no tiene forma de saber si canceló o no en el colegio anterior. El registro serviría para que el colegio pueda revisar el estado financiero del padre de familia y decidir si acepta o no la matrícula”, subrayó.
Agregó que si bien la medida puede ayudar al posible colegio receptor, no soluciona el problema de fondo de la morosidad. “Esto pues los colegios están limitados en tomar represalias a los padres morosos. El colegio no puede hacer una cobranza efectiva”, anotó Zaragoza.
Asimismo, el especialista advirtió que la permanencia del reporte de un moroso solo por dos años sería un limitante para lograr su objetivo. “La educación básica puede durar hasta 14 años, con inicial, primaria y secundaria. Entonces no tiene mucho sentido que el reporte del moroso sea por pocos años y luego se pierda ese historial. Ese reporte debería durar por varios años”, remarcó.
Por su parte Jesús Espinoza, socio senior en el estudio Muñiz y especialista en temas de derechos del consumidor, refirió que si bien resultaría valioso que un colegio cuente con más información al evaluar recibir o no a un nuevo alumno, “no sé si es lo idóneo crear un registro específico para este tema o hacer que se valgan de mecanismos ya existentes, con las centrales de riesgo privadas”, sostuvo.
Espinoza remarcó que actualmente los colegios sí pueden reportar a los padres de familia morosos en pensiones en las centrales de riesgo privadas. “Eso podría darle a los colegios la información que requieren”, apuntó.
“La información del retraso debe corresponder a los padres y no al alumno, para proteger al alumno. El deudor es el padre. Y que esa información no se exponga en los colegios o en algún otro lugar que pueda mellar la dignidad o tranquilidad del alumno”, agregó Espinoza.
Asimismo, optar por esa vía evitaría crearle al Ministerio de Educación la obligación adicional de administrar un nuevo registro, indicó Espinoza. “Además, el tema de los traspasos no es común. En la mayoría de situaciones los padres prefieren continuidad en la prestación del servicio educativo por parte de un mismo colegio. Crear un registro para un supuesto muy excepcional no sé si sea lo idóneo”, remarcó.
Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.
