El Ministerio Público invocó al Poder Judicial a realizar con celeridad las gestiones necesarias para la conformación de un nuevo tribunal que permita reiniciar el juicio oral por el emblemático caso “El Frontón”, tras el “quiebre” del proceso penal.
“Ello es fundamental para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias, así como para reafirmar el compromiso del Estado con la defensa de los derechos humanos y el debido proceso”, manifiesta la institución mediante una nota de prensa.
Señala, además, que mantiene su compromiso de vigilancia permanente en la búsqueda de la verdad de los hechos del denominado caso.
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Como se sabe, el juicio oral que venía tramitándose desde setiembre de 2017, ante la Cuarta Sala Superior Penal Liquidadora de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, se “quebró” el 2 de diciembre de 2024, luego de más siete años, como consecuencia de cambios en la conformación del tribunal superior encargado. Es por ello, que el caso vuelve a la etapa de inicio de juicio oral.
El 17 de febrero de 2021, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial concluyó la designación del juez superior Edhin Campos Barrenzuela —miembro del colegiado encargado del caso El Frontón, en esa oportunidad— y fue reemplazado por el juez superior Marco Antonio Angulo Morales.
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En noviembre de 2024, el juez Angulo Morales informó a la presidencia del colegiado sobre su suspensión preventiva en el ejercicio de toda función en el Poder Judicial por un período de seis meses, con lo que se tenía que reconformar el tribunal a cargo del caso. Es decir, se tenía que dar un segundo cambio de magistrado, lo cual originó —en aplicación de la norma procesal— que el juicio oral se “quiebre”.
Caso “El Frontón”
Lo acontecido en El Frontón data de junio de 1986, luego de que presos por terrorismo iniciaron un motín coordinado en tres penales de Lima y El Callao: el pabellón industrial del establecimiento penitenciario de Lurigancho, el de mujeres de Santa Bárbara y en el pabellón Azul de la entonces isla penal El Frontón.
Tras lo acontecido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió dos sentencias contra nuestro país (‘Durand y Ugarte vs Perú’ y ‘Neira Alegría y otros vs. Perú’), por lo que existe la obligación de cumplir con lo dispuesto en los ámbitos de investigación, procesamiento e identificación de los restos por el tribunal supranacional.
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