
La Comisión de Salud del Congreso aprobó por mayoría un dictamen que permite, de forma excepcional y por única vez durante el ejercicio fiscal 2025, el nombramiento del personal asistencial de salud contratado bajo el régimen CAS vinculado a la emergencia sanitaria por COVID-19.
La norma alcanza a 2,448 profesionales, técnicos y auxiliares de salud que, antes del inicio de la pandemia, ya venían trabajando de manera continua bajo el Decreto Legislativo 1057 (CAS) y que ahora se encuentran en condición de CAS indeterminado.
Tras esta aprobación, el siguiente paso es que el dictamen sea elevado al Pleno del Congreso para su debate y votación final.
Si el Pleno aprueba el dictamen, la ley será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Esta situación incluye a quienes fueron reasignados o beneficiados por la Ley 31538.
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Hospital Larco Herrera
En otros temas, esta comisión también dio luz verde al Proyecto de Ley 2031/2021-CR, que declara de necesidad y utilidad pública el terreno donde se ubica el Hospital Víctor Larco Herrera, ubicado en la avenida Pérez Araníbar de Magdalena del Mar.
El objetivo es que el predio, que actualmente es propiedad de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, sea transferido al Ministerio de Salud, a fin de garantizar la continuidad de los servicios de salud mental que brinda el emblemático hospital.

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Compra de sueros
Durante la sesión, el presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego, se refirió a una denuncia sobre presunta sobrevaloración en la compra de sueros.
Aclaró que la adquisición no se concretó y que se identificaron posibles irregularidades a tiempo.
Como medida correctiva, anunció una nueva convocatoria de compra por seis meses, que será supervisada por un comité internacional especializado en adquisiciones de emergencia.
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Reinscripción de medicamentos sin alertas sanitarias
Finalmente, la comisión escuchó la sustentación del Proyecto de Ley 09514/2024-CR, presentado por el congresista Ernesto Bustamante, que propone simplificar la reinscripción de medicamentos sin antecedentes de efectos adversos graves.
La propuesta permitiría agilizar trámites mediante el uso de información técnica validada por agencias reguladoras internacionales, sin comprometer la seguridad del paciente. No aplicaría a fármacos con nuevas entidades químicas.