La Comisión de Mujer y Familia del Congreso, presidida por Milagros Jáuregui de Aguayo (Renovación Popular), aprobó este lunes —con 11 votos a favor— el dictamen vinculado al Proyecto de Ley N.° 12602/2025-CR, que plantea modificar la Ley N.° 31405 para ampliar la protección estatal a los hijos de transportistas asesinados mientras realizaban su labor.
La titular de la comisión explicó que la iniciativa busca cerrar una brecha de atención que afecta a menores que quedan desprotegidos tras la muerte violenta de sus padres, y enfatizó que la asistencia económica no estará condicionada a la acreditación de pobreza, dado el carácter reparador de la medida y el principio de interés superior del niño.
El dictamen incorpora nuevos párrafos en los artículos 2 y 7 de la Ley N.° 31405, con lo que se habilita el acceso al beneficio a hijos de trabajadores de transporte urbano, interurbano o rural que fallecieron a consecuencia de delitos.
Podrán recibir la asistencia incluso si perciben una pensión contributiva de orfandad o sobrevivencia; la única limitación es la acumulación con otro apoyo no contributivo derivado del mismo hecho delictivo.
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Además, la propuesta detalla el mecanismo para comprobar el crimen que dio origen al deceso. Será necesaria una constancia de la Policía Nacional que acredite el inicio de la investigación y otra del Ministerio Público que confirme la apertura de diligencias penales. Con estos documentos, el Inabif podrá otorgar el beneficio de manera provisional. Su continuidad, sin embargo, dependerá de que la investigación avance hacia una formalización o concluya con una sentencia firme. Si las autoridades determinan que no existió delito, el apoyo deberá ser extinguido.
Milagros Jáuregui, presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, destacó la importancia de garantizar protección a los hijos de transportistas víctimas de delitos. Foto: Congreso.
Protección de niños
La comisión aprobó —con 13 votos a favor— el dictamen del Proyecto de Ley N:° 11842/2024-CR, que modifica los artículos 125, 128 y 129 del Código Penal para reforzar la protección penal de niños, adolescentes y personas dependientes ante situaciones de exposición o abandono. La presidenta de la comisión explicó que el texto incorpora penas más severas y dispone que las sentencias condenatorias sean comunicadas a las autoridades de familia para adoptar medidas sobre la patria potestad o la tutela.
Seguidamente, el grupo legislativo respaldó —con 11 votos a favor— el dictamen conjunto de los proyectos de ley 11635/2024-CR y 13074/2025-CR, que modifica la Ley N.° 28223 sobre desplazamientos internos. La reforma amplía la definición legal para incluir a personas afectadas por desastres naturales o emergencias inducidas por acción humana. También refuerza la articulación entre el MIMP, la PCM, Indeci y Cenepred para asegurar una respuesta coherente en el marco del Sinagerd.
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Por último, se aprobó el dictamen del Proyecto de Ley N.° 11342/2024-CR, que introduce cambios al Nuevo Código Procesal Penal para garantizar que la prueba anticipada en casos de trata de personas y delitos sexuales contra menores se realice de manera inmediata. La norma establece que el juez debe actuar con rapidez, incluso de oficio, cuando la víctima sea un niño o adolescente, y que las entrevistas se efectúen en cámaras Gesell con la presencia de psicólogos especializados.
