El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) recordó que, según la legislación penal actual, conducir en estado de ebriedad puede ser sancionado hasta con tres años de pena privativa de la libertad, cuando la infracción se comete prestando servicio público o realizando transporte de mercancías o carga.
No obstante, la pena será no menor de seis meses ni mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de 152 a 104 jornadas e inhabilitación, cuando se conduzca, opere o maniobre un vehículo motorizado encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas.
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Por otra parte, cuando el agente preste servicios de transporte público de pasajeros, mercancías o carga en general encontrándose en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción superior de 0.25 gramos-litro, o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, la pena será no menor de uno ni mayor de tres años de pena privativa de la libertad o con prestación de servicios comunitarios de 70 a 140 jornadas e inhabilitación.
De igual manera, la legislación penal actual establece penas de hasta seis años de prisión para quienes, conduciendo vehículos motorizados o portando armas de fuego, causen lesiones físicas o daños a la salud de otras personas bajo los efectos del alcohol, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o por incumplir normas técnicas de tránsito. En caso de que estos actos provoquen la muerte, la sanción puede elevarse hasta ocho años de prisión.
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En esa línea, el Minjusdh recuerda a la población que, a través del servicio de Defensa Pública, se ofrece asistencia legal gratuita a las víctimas de accidentes de tránsito en situación de vulnerabilidad, gracias a un equipo conformado por abogados especializados y profesionales de distintas disciplinas.
Asimismo, los defensores públicos actúan como actores civiles durante el proceso judicial, con el objetivo de proteger los derechos de las víctimas, solicitar medidas restrictivas cuando corresponda y presentar diversas peticiones en su favor.
