El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, asegura que la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y grupo familiar (Ley N° 30364) ha vulnerado la presunción de inocencia, amparándose en que apenas el 1% de las denuncias devino en sentencia. Por ello, a través de un proyecto de ley, busca sancionar con cárcel a quienes presenten denuncias fraudulentas.
El PL N° 11561/2024-CR de Muñante Barrios modifica el Código Penal para este fin, y establece penas de entre tres a seis años de prisión y hasta 700 días-multa para aquellas personas que formulen denuncias por violencia contra la mujer y familia “a sabiendas de la inexistencia del hecho denunciado o atribuyendo falsamente su comisión a persona distinta del verdadero autor”.
El congresista alegó a la prensa que pretende fortalecer la administración de justicia ya que la Ley N° 30364 en vez de proteger a las féminas y grupo familiar, se ha convertido “en una herramienta de instrumentalización política e ideológica”.
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Muñante propone también que se inhabilite a los abogados, médicos, peritos, policías, psicólogos y especialistas que “simulen o adulteren documentos” o medios probatorios que puedan iniciar el proceso especial o penal de violencia familiar.
En esa línea, el abogado penalista Luis Lamas Puccio señala a Gestión que en ciertos casos se suelen presentar denuncias para ejercer algún tipo de influencia en situaciones de naturaleza conyugal que, por diversas razones o desavenencias, terminan aprovechando las mujeres bajo el manto de supuestas agresiones u hostigamientos.
Alejandro Muñante, de Renovación Popular, aseguró en X que "la violencia no tiene género". Criticó a las ONG y agrupaciones feministas por cuestionar su proyecto de ley que sanciona con cárcel las denuncias falsas de violencia familiar. Foto: Congreso
“Se asume la posición de que siempre lo que dice la mujer es la última verdad de los acontecimientos, y en algunos casos, mujeres mal asesoradas por malos abogados recurren a esta fórmula legal para ejercer presión”, apuntó.
Lamas Puccio sostiene que “la misma iniciación de un juicio ya es un hecho lastimoso y preocupante” para un padre de familia expuesto tras una denuncia. Aun así, reconoce que el proyecto de ley debe discurrir por los procedimientos respectivos del Congreso para su análisis y debate.
Criminalización de las víctimas de violencia
La abogada Ana María Vidal advierte que Alejandro Muñante alienta un tipo penal específico contra las mujeres en un contexto donde las cifras reales muestran que la violencia de género existe y mata. Asegura que también atenta contra la libertad de patrocinio y de trabajo de los abogados que puedan abordar estos casos ya que, en caso no prospere, se puede incurrir en el tipo penal de supuesta denuncia falsa.
En datos del INEI, el 53.8% de las mujeres en Perú reconoció haber sido víctimas de violencia psicológica, física o sexual por su esposo o pareja en algún momento, siendo la psicológica la de prevalencia (49.3%). La encuesta Endes revela que el 45.3% de las peruanas que padeció violencia física buscó ayuda en personas cercanas a su entorno.
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Solo entre enero y marzo del corriente, los Centros de Emergencia Mujer registraron más de 3,000 atenciones por violación sexual: 94% mujeres y el 60%, menores de edad.
A marzo de este año, los CEM han atendido 3,262 casos por violación sexual. El 94% de las víctimas fueron mujeres. Foto: MIMP
“El proyecto de ley no tiene un desarrollo sobre qué es denuncia falsa. (Muñante) parece que no pasó por una clase de lógica que le explique que toda denuncia que se cae o no llega a sentencia sea falsa (...) El 99% de las denuncias se caen porque nuestro sistema de justicia está colapsado y saturado de casos. La carga procesal de jueces y fiscales hace que muchas denuncias caigan en saco roto. Lo vemos también en denuncias de robo o hurto”, precisó para este diario.
Vidal insiste en que no existe conexión lógica entre una denuncia que no prospera —sea en etapa de investigación preliminar, preparatoria, intermedia o en juicio oral— por la mera ausencia del hecho violento o que las agresiones sean falsas.
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En esa línea, la letrada prevé que la propuesta parlamentaria de Muñante se traducirá en la criminalización de las mujeres que superaron el pavor de ser agredidas y tomaron valentía para denunciar, así como a los profesionales involucrados en esos casos, lo que sería un retroceso en la lucha de violencia de género y agigantaría el miedo.
“Este tipo de delitos se genera en la privacidad del hogar. Son pocos los casos donde la agresión es pública, y así haya o no un moretón, herida, la agresión se sufre en espacios íntimos e ir a denunciarlo es un símbolo de valentía. Ahora (Muñante) le quita la valentía a las mujeres y mantenerla en el espacio privado para que reciban todos los golpes”, apuntó.
