La congresista Diana Gonzales, integrante del partido Avanza País, presentó el Proyecto de Ley N° 11398/2024-CR, con el que busca establecer un marco legal para proteger la identidad de los ciudadanos que denuncien delitos vinculados al crimen organizado, como el sicariato y la extorsión.
Según la propuesta legislativa, el “denunciante protegido” será aquella persona que proporciona información de utilidad y comprobable a las autoridades sobre la comisión y/o planificación de los delitos anteriormente mencionados.
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El objetivo es evitar represalias, garantizando la confidencialidad de su identidad desde el momento en que se presenta la denuncia, salvo que una orden judicial debidamente fundamentada determine lo contrario.
El proyecto también especifica los canales para realizar denuncias:
a) Acercándose personalmente a las fiscalías o comisarías habilitadas.
b) A través de plataformas digitales del Ministerio Público o de la Policía Nacional del Perú.
Toda denuncia deberá ser evaluada dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles para su verificación.
Las denuncias falsas e infundadas serán indicadas en un registro confidencial. En caso una misma persona registre tres denuncias falsas en un año, ocasionará su eliminación de la figura de denunciante protegido.
De ser aprobada, la norma deberá ser implementada en un plazo no mayor a 60 días calendario por el Ministerio del Interior y el Ministerio Público.
Denunciar el crimen organizado sin exponerse: congresista Diana Gonzales propone ley para proteger identidad. Foto: Congreso.
PL busca proteger a emprendedores y comerciantes
Por otra parte, el congresista Jorge Flores Ancachi, del grupo parlamentario Podemos Perú, presentó el Proyecto de Ley N° 11366/2024-CR que propone establecer medidas de protección a emprendedores y comerciantes contra la extorsión.
La propuesta contempla la creación de la Unidad de Protección Empresarial (UPE), la cual estará adscrita al Ministerio del Interior y será encargada de brindar resguardo policial, asesoría a empresarios y comerciantes extorsionados y protocolos de respuesta rápida.
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Asimismo, se plantea el Fondo Nacional de Seguridad Empresarial (FNSE), gestionado por el MEF, para otorgar préstamos sin intereses, subsidios y apoyo en seguridad a negocios afectados.
Además, se propone sancionar con cadena perpetua a funcionarios que colaboren con mafias extorsivas, bajo el delito de alta traición al Estado.
