En su 28.ª sesión, el Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc) aprobó por unanimidad la construcción del penal en la isla El Frontón, destinado exclusivamente a jefes y cabecillas de organizaciones criminales violentas.
La decisión contó con el respaldo de representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Poder Ejecutivo, Congreso de la República, Ministerio del Interior, Policía Nacional, universidades privadas y nacionales, la Defensoría del Pueblo y gobiernos regionales, lo que refleja un consenso amplio en torno a la medida.
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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, saludó la aprobación y destacó que el proyecto se ejecutará con inversión privada a través de la modalidad de obras por impuestos.
“Es una decisión histórica que permitirá al país enfrentar con firmeza la criminalidad organizada”, afirmó el titular del Minjus.
Con esta infraestructura, el Gobierno busca reforzar la política penitenciaria frente al crecimiento de organizaciones criminales que operan tanto dentro como fuera de las cárceles.
El ministro Juan José Santiváñez manifestó que la decisión "histórica" permitirá al país enfrentar con firmeza la criminalidad organizada. Foto: Minjus.
Según indicó la presidenta Dina Boluarte, quien el último domingo visitó dicho lugar con algunos miembros del Ejecutivo para inspeccionar el antiguo penal y definir acciones de reapertura, se planea construir una cárcel para aproximadamente 2,000 presos considerados de alto riesgo.
Al respecto, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, aseguró que la construcción de un nuevo penal en El Frontón tendrá un costo de S/ 500 millones, tras “los estudios técnicos” realizados que, según dijo, han determinado dicho costo.
Esto, a pesar de que el exjefe del INPE, Javier Llaque Moya, estimó que la reapertura de dicho penal demandaría un presupuesto aproximado de S/ 5,000 millones.
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La decisión se toma pese a alguna voces que consideran inviable la construcción de un nuevo penal en la isla El Frontón, como la de César Cárdenas, exjefe del INPE, quien afirmó que el Gobierno debería anteponer otros proyectos para reducir el hacinamiento.
“Hay que hacer remoción de tierras, hay que tener un informe estructural para poder ver si el suelo es suficientemente apto para poder construir. El expediente técnico será corriendo, aproximadamente, enero-febrero. Luego, todos los otros espacios, los estudios, demorarán mayo-junio. O sea, esto no va a ser en ninguna circunstancia en este Gobierno”, manifestó en entrevista con RPP.
