Con una economía que mantiene indicadores en azul, los proyectos de construcción en Perú siguen en aumento, tanto en la capital, como en distintas regiones. Sin embargo, junto a ello también se exigen estándares de seguridad y lineamientos para evitar que las estructuras que se armen presenten fallas, ya sea durante o después de su construcción.
No obstante, situaciones como la tragedia ocurrida en febrero en Trujillo, cuando el techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza colapsó o el cierre en junio de Larcomar por parte de la Municipalidad de Miraflores por presuntas deficiencias en su estructura, cuestiona qué responsabilidades legales existen tras estos escenarios.
Gestión conversó con dos expertos en la materia, para que expliquen qué hacer si aparecen defectos estructurales o vicios ocultos en infraestructuras concluidas, quien responde legalmente si es que fallan, que derechos tienen los consumidores o usuarios afectados por un accidente en un local comercial a causa de estas deficiencias, entre otros temas relacionados.
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¿Quién responde legalmente si una edificación falla?
María Alejandra Quintana Gallardo, abogada civil, indicó que, en caso de que una edificación colapse o presente fallas graves que pongan en riesgo a los usuarios, la responsabilidad legal recae principalmente en el constructor, porque es quien ejecuta la obra y garantiza su solidez.
Sin embargo, también pueden ser responsables el arquitecto o los ingenieros si el problema proviene del diseño o de los cálculos estructurales, así como el supervisor si hubo negligencia en el control de la obra.
“En estos casos la ley establece una responsabilidad solidaria entre todos los profesionales involucrados. El propietario, en cambio, solo asumiría responsabilidad si realizó modificaciones indebidas o actuó de manera negligente”, mencionó.
Para Luis Mejía Serván, socio senior del área inmobiliaria en CPB abogados, en el caso de viviendas, explicó en casos de fallas estructurales, el desarrollador del proyecto es responsable frente al comprador.
En esa línea, resaltó que se debe tener en cuenta que el responsable, en caso de algún defecto estructural, es la empresa que desarrolló el proyecto y vendió el inmueble al propietario.
“Por ley, el desarrollador se encuentra obligado a brindar una garantía por cualquier fallo estructural por un plazo mínimo de 10 años, contados desde la emisión de la conformidad de obra por parte de la municipalidad respectiva”.
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Obras de construcción en curso en Lima. (Foto de AFP)
¿Qué obligaciones legales asume el constructor si aparecen defectos estructurales en una edificación concluida?
La abogada Quintana Gallardo explica que “el constructor responde por los defectos que comprometen la solidez de la obra o que la hacen impropia para su uso, aunque estos no sean visibles al momento de la entrega”.
De acuerdo con el Código Civil peruano, en sus artículos 1784 y 1785, el constructor garantiza la obra por 10 años si los defectos afectan la estabilidad o seguridad.
“Si aparecen defectos graves dentro de ese plazo, el constructor está obligado a reparar la obra a su costo, e incluso reconstruirla si fuese necesario”, mencionó.
Además, si este defecto ocasiona daños materiales adicionales (ejemplo: filtraciones, caídas de muros, colapsos) o daños a terceros, el propietario puede exigir indemnización además de la reparación.
“Para defectos menores o no estructurales, la ley establece plazos más cortos (por lo general, 1 año desde la entrega). Además, en algunos casos, no solo el constructor, sino también el arquitecto, ingenieros y supervisores pueden ser responsables solidarios si hubo negligencia en el diseño o en la supervisión de la obra”, mencionó.
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¿Qué mecanismos tiene el propietario para exigir indemnización por las fallas de la obra?
Mejía Serván indicó que el propietario puede reclamar directamente al desarrollador a través de su canal de postventa.
“Por ley, los desarrolladores se encuentran obligados a brindar un canal de atención para el comprador e informarle del procedimiento a seguir en caso se quiera presentar un reclamo. También puede interponer un reclamo y/o denuncia ante Indecopi”, añadió.
Por su parte, Quintana Gallardo mencionó que, si el constructor no responde, el propietario puede acudir a la vía notarial o arbitral, o finalmente a la vía judicial, demandando la reparación de la obra o una indemnización por daños y perjuicios. “El Código Civil reconoce la responsabilidad decenal, lo que significa que el constructor está obligado a responder hasta por diez años en caso de fallas estructurales o vicios ocultos que comprometan la seguridad o la solidez de la edificación”.
“Durante ese periodo, el propietario puede exigir reparación o indemnización. Para defectos menores o vicios ocultos que no afectan la estabilidad, la responsabilidad suele ser de 1 año”, detalló.
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¿Qué derechos tienen los consumidores o usuarios afectados por un accidente en un local comercial?
Según Luis Mejía Serván, en el caso de un accidente dentro de un local comercial, los consumidores o usuarios afectados deben ser indemnizados por el propietario del local y/o la empresa a cargo del local.
En tanto, María Alejandra Quintana Gallardo precisó que los consumidores o usuarios afectados tienen el derecho a la seguridad e integridad reconocido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Esto les otorga la facultad de exigir atención médica inmediata, reparación de los daños sufridos e indemnización por los perjuicios ocasionados.
“Pueden presentar su reclamo ante Indecopi o acudir a la vía judicial para responsabilizar al propietario y, solidariamente, al constructor o profesionales involucrados en la edificación. En resumen, el usuario tiene derecho a ser protegido, asistido y resarcido por los daños derivados de la deficiencia en la infraestructura”, mencionó.
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(Fuente: Andina)
¿Y el papel de los seguros?
Los seguros de responsabilidad civil cumplen un papel fundamental porque cubren los daños personales o materiales que puedan sufrir terceros a consecuencia de fallas en la construcción, garantizando que los usuarios afectados reciban una indemnización incluso si el constructor no puede asumirla directamente.
Por otra parte, las garantías contractuales son compromisos asumidos en el contrato de obra mediante los cuales el constructor asegura la calidad y solidez de la edificación, obligándose a reparar, reponer o indemnizar en caso de defectos.
“En conjunto, ambos mecanismos brindan una doble protección: el seguro garantiza respaldo económico inmediato frente a siniestros, y las garantías contractuales refuerzan la obligación del constructor de responder por la seguridad y estabilidad de la obra”, añadió la abogada.
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¿Cuánto pueden ahorrar las empresas en costos legales o indemnizaciones si realizan una debida diligencia antes de inaugurar una obra?
Finalmente, Quintana Gallardo mencionó que se puede hacer una estimación ante ello, aunque siempre de manera referencial. Precisó que diversos estudios en gestión de riesgos y construcción señalan que una empresa que realiza debida diligencia legal y técnica, es decir, revisión exhaustiva de contratos, cumplimiento normativo, seguros, supervisión de obra y control de calidad puede ahorrar entre un 15% y 25% de los costos totales de un proyecto.
“Ese ahorro proviene de evitar litigios prolongados, indemnizaciones por accidentes, sanciones administrativas, paralizaciones de obra y reparaciones posteriores. En términos prácticos, invertir en prevención legal y técnica antes de inaugurar una obra puede costar solo una fracción de lo que representaría afrontar un colapso, un vicio oculto o una demanda de usuarios afectados”, acotó.
Por ello, concluye que la debida diligencia no solo es una medida de cumplimiento, sino una estrategia económica inteligente que protege a la empresa de pérdidas millonarias en el futuro.
Eventos como la tragedia ocurrida en febrero en Trujillo, cuando el techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza colapsó o el cierre en junio de Larcomar por presuntas deficiencias en su estructura, cuestiona que responsabilidades legales existen tras estos escenarios. (Foto: GEC)
Bachiller en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, con seis años de experiencia en prensa radial, escrita, digital e instituciones públicas.
