
La Contraloría General de la República detectó varias irregularidades en viviendas de interés social (VIS) en Lima, según reveló un reportaje del programa Cuarto Poder.
Según lo reportado por auditores de la mencionada entidad, 6 de cada 10 viviendas de interés social inspeccionadas no aprobaron revisiones técnicas, aunque tenían licencias legales aprobadas.
Las inspecciones se realizaron en 20 distritos de la capital y, durante estas, se hallaron construcciones que sobrepasaban el límite municipal permitido de pisos a construir e incluso edificaciones en áreas donde los proyectos de viviendas de interés social se encuentran prohibidos.
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Por ejemplo, en San Isidro, se detectó un edificio con 28 pisos cuando sólo se permiten 10 y, en otros casos, se añadieron hasta 14 pisos aprovechando vacíos normativos.
“Hay que considerar que para que una vivienda sea de interés social, no solamente tiene que ser una vivienda que cumpla los requisitos técnicos, sino también los requisitos macroeconómicos, que es beneficiar a familias tipo de categoría C, tipo D y que esté ubicado en ciertos lugares de Lima Metropolitana”, precisó Luis Castillo, gerente de control político e institucional de la Contraloría.
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Según lo reportado, pese a ser presentadas como viviendas de interés social, muchas superan el precio máximo establecido, vendiéndose departamentos a 391 mil soles cuando el límite es 160 mil soles.
Asimismo, los proyectos presentan escasez de estacionamientos. En un caso sólo se aprobó la mitad del mínimo requerido y no se consideraron espacios para visitas.
Asimismo, se reportó que algunas inmobiliarias cambian la razón social del proyecto para evadir medidas cautelares y mientras tanto, siguen vendiendo estas viviendas.
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“Tenemos estudiando aproximadamente unos 10 procesos (por nulidad) que están reconocidos por el área de Gerencia de Desarrollo Urbano Económico. Las empresas constructoras están trasladando a una nueva empresa el tema de la ejecución de la obra para tratar de impedir de que la medida cautelar no les atañe a ellos”, indicó José Alberto Danós, gerente de asesoría jurídica de la Municipalidad de San Isidro.
En San Isidro existen 28 solicitudes de proyectos de viviendas de interés social en evaluación o construcción, las cuales podrían continuar mientras se resuelven los procesos judiciales.









