El Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York emitió una resolución que habilita al Estado peruano a requerir, mediante citaciones formales, datos financieros relevantes en territorio estadounidense relacionados con la concesión Rutas de Lima. La decisión constituye un hito en los esfuerzos por reconstruir el flujo de dinero asociado a este contrato,
El fallo permite al Estado acceder a información almacenada en instituciones de alto peso en el sistema financiero de Estados Unidos, entre ellas Brookfield Asset Management, Scotiabank, KPMG, la red de compensación CHIPS y el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, informó Canal N.
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Al respecto el exalcalde Rafael López Aliaga sostuvo que este paso podría tener implicancias en la validez de la transferencia de acciones realizada por Brookfield. Señaló que deberá esclarecerse cómo se concretó la compra en un lapso breve a una persona que cumplía condena por corrupción.
“Esta decisión podría generar que se declare nula la compra-venta realizada por Brookfield, ya que no es válido adquirir activos a una persona que, además, ya cumplía una sentencia por corrupción. Brookfield deberá explicar cómo en un plazo de tres meses adquirió acciones a un individuo que se encontraba preso y sentenciado por actos de corrupción”, señaló López Aliaga a Expreso,
La corte estadounidense habilitó el acceso a registros financieros clave para revisar la concesión Rutas de Lima. Foto: Captura Canal N.
La Municipalidad de Lima señaló que la resolución reconoce un interés público sustancial y abre la posibilidad de un rastreo detallado de operaciones vinculadas a la concesión, algo sin precedentes para un caso originado en el Perú.
El tribunal estadounidense también tomó en cuenta el avance del proceso penal en el Perú contra la exalcaldesa Susana Villarán, lo que —indicó— incrementa la urgencia de transparentar los movimientos económicos asociados a la adjudicación y posterior transferencia de Rutas de Lima.
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Con esta autorización, el Estado podrá reconstruir los movimientos de fondos efectuados entre 2013 y 2016, periodo en el que coincidieron las “Operaciones Estructuradas” de Odebrecht y la adquisición mayoritaria de la concesión por parte de Brookfield.
